Fiscalía fijó para el 10 de abril interrogatorio al Gobernador de Cundinamarca por 'carrusel'

Álvaro Cruz fue señalado de haber presionado la entrega de contratos a una empresa en la que fungía como representante.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia fijó para el próximo viernes 10 de abril el interrogatorio del Gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas por su presunta participación y conocimiento en los hechos irregulares que rodearon la adjudicación de contratos en la capital de la República. 

El ente investigador investiga al mandatario departamental por presuntamente haber presionado la entrega de contratos en el proceso de licitación adelantado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) durante la administración de Samuel Moreno Rojas como alcalde de Bogotá.

Cruz Vargas fue señalado de haber utilizado su posición social para que la empresa ICM –de pavimentos y asfaltos- en la cual fungía como representante, fuera la beneficiada del contrato de reparcheos de las calles en la capital de la República. (Ver 'Nunca di comisiones al cartel': Álvaro Cruz)

“El caso de la UMV se basa en posibles dadivas o entrega de diferentes empresas, entre ellas ICM, a funcionarios de la Unidad de Mantenimiento Vial y a algunos concejales”, precisó el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Juan Vicente Valbuena quien señaló que se habría entregado una suma cercana a los 500 millones de pesos.

El expresidente del Concejo de Bogotá, Hipólito Moreno –condenado tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía- aseguró que el mandatario departamental tenía muchos intereses en la celebración de estos contratos viales, por lo que buscó que la empresa con la que tenía relación resultara beneficiada pese a que no cumplía los requisitos exigidos.

El pasado 3 de febreros, durante los alegatos de conclusión en el proceso que se adelantó contra el exconcejal de Bogotá, Orlando Parada Díaz el representante de la Procuraduría General le solicitó al juez de conocimiento la compulsa de copias para establecer la responsabilidad del Gobernador en el denominado ‘carrusel de la contratación’.

En su solicitud, aseguró que varios de los testimonios escuchados en el juicio vincularon al mandatario departamental con las falencias que rodearon la celebración de multimillonarios contratos, buscando así el beneficio específico para unas empresas. En este sentido citó las declaraciones del abogado Manuel Sánchez, quien firmó un preacuerdo con la Fiscalía.

En repetidas oportunidades el Gobernador ha negado estas acusaciones y se ha declarado inocente argumentando que nunca presionó para la entrega de contratos, y tampoco tuvo relación con el denominado mayor escándalo de corrupción administrativa en la capital de la República.