Fiscalía ganó primer round a la Contraloría

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no aceptar la recusación que hizo la contralora Sandra Morelli contra el fiscal general por supuesta ‘enemistad evidente’, se reinician las investigaciones contra la jefe del organismo de control, que estuvieron cuatro meses paradas.

En octubre de 2013 la contralora Sandra Morelli interpuso una recusación contra el fiscal general, Eduardo Montealegre, y el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, por una supuesta ‘enemistad evidente’, ocasionando que las dos investigaciones que cursaban en su contra quedaran estancadas. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia negó el recurso y sacó del congelador los procesos contra Morelli y le dio a la Fiscalía el primer round de la pelea que existe entre los jefes de ambas entidades.

Y es que la pelea entre Montealegre y Morelli ha sido tan agitada que el propio presidente Juan Manuel Santos les hizo un llamado de atención público por twitter. Todo el lío arrancó tras los señalamientos que hizo la contralora contra el fiscal por el caso Saludcoop. Según Morelli, la Fiscalía no estaba investigando de manera efectiva el expediente por el defalco a la salud ya que, supuestamente, Montealegre tenía intereses particulares y que las investigaciones que adelantaban en su contra eran un pretexto para interferir y torpedear el proceso de control fiscal que en ese momento adelantaba el organismo de control contra la EPS.

Por estos hechos Morelli denunció a Montealegre ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta situación se dio después de que funcionarios de la Fiscalía allanaran el 11 de septiembre de 2013 las oficinas del a Contraloría en el marco del proceso que adelantan en su contra por supuestas interceptaciones ilegales a periodistas. Para la contralora está situación era una excusa para buscar información de Saludcoop. Según Morelli, esta EPS le dio más de $4.000 millones a Montealegre como pago de unas asesorías que les brindó antes de ser fiscal general.

Montealegre le salió al frente a los señalamientos y retó a Morelli a un debate público en el que revelara las pruebas de sus acusaciones. Asimismo, siempre ha sostenido que terminó todos los contratos que tenía con Saludcoop antes de posesionarse en la Fiscalía y ante la Comisión de Acusaciones entregó una serie de documentos que daban fe de la cancelación de los convenios y una carta del 24 de marzo de 2012 enviada al Consejo de Estado en la que renunciaba al poder que tenía en el caso de la “acción de nulidad y restablecimiento de derechos de Saludcoop contra la Superintendencia Nacional de Salud”.

Igualmente, Montealegre renunció a investigar los dos procesos que adelanta la Fiscalía contra Morelli –uno por las supuestas chuzadas y otro por las irregularidades en la contratación de las nuevas oficinas del organismo de control– para evitar problemas. Por esa razón, había designado al vicefiscal Perdomo como el encargado de adelantar las pesquisas. Sin embargo, llegó la recusación de Morelli y estancó los procesos.
Hoy la Fiscalía ya tiene vía libre para investigar el caso de las supuestas ‘chuzadas’ a periodistas que según una de las hipótesis que estas operaciones se habrían hecho a través de un tercero que habría contratado el organismo de control. En otra línea, el ente investigador indaga dos contratos de arrendamiento de oficinas que tienen en el ojo del huracán a la Contraloría.

El primero son unas oficinas que habría comprado la Contraloría en 2008 durante la gestión de Julio César Turbay Quintero en el centro comercial Llano Centro, un edificio en Villavicencio (Meta) del que resultaron dueños los hermanos Diego Rodolfo y Jacinto Enrique Báez Báez, extraditados a Estados Unidos por introducir 10 toneladas de cocaína. Esta operación habrías costado $1.303 millones. La Fiscalía busca establecer si este negocio se hizo de buena fe o por el contrario, fue un proceso para lavar activos.

El otro negocio que incomoda a la Contraloría es el contrato 233 de 2012, firmado por la contralora Sandra Morelli y el representante de la firma Proyectos y Desarrollos, Rafael Augusto Salazar. Esta empresa fue la constructora de la segunda etapa del centro comercial Gran Estación, desde donde despacha el organismo de control. Según el contrato, entre agosto de 2012 y agosto de 2014 la entidad deberá pagar un arrendamiento mensual de $2.516 millones. La Fiscalía estableció que el empresario de textiles y de construcción de ascendencia israelí Alberto Aroch Mugrabi es el propietario del 10% de Proyectos y Desarrollos, y a través de su empresa Moda Sofisticada controla otro 40%. Es decir, es su verdadero dueño.

Este hombre tiene dos procesos por lavado de activos en Estados Unidos. Hace poco fueron incluidos en la Lista Clinton por irregularidades en sus negocios. La Contraloría por su parte, ha manifestado que en ninguna parte del contrato aparecía el nombre de Alberto Aroch Mugrabi por lo que no detectaron ninguna alerta. Asimismo, que no se le pude señalar de un supuesto lavado de activos ya que siguieron todos los procedimientos de legalización y perfeccionamiento del contrato al consultar antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de la sociedad, su representante legal y miembros de la junta directiva, sin obtener ningún reporte negativo.

El primer gran golpe en la pelea entre Montealegre y Morelli lo dio el fiscal general. La contralora ha dicho que respeta las decisiones de la Corte y que sólo espera tener garantías procesales en las investigaciones que adelantan contra su administración. En el despacho del vicefiscal hay un grupo de asesores encargados de adelantar las pesquisas que estuvieron quietas por más de cuatro meses.

 

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