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La fiscalía General conformó un grupo de investigadores especializados del CTI con el fin de investigar las llamadas ‘casas de pique’ en el puerto de Buenaventura, en las cuales las bandas criminales habrían descuartizado a un grupo hasta ahora indeterminado de personas.
Los investigadores llegaron a Buenaventura para recolectar elementos materiales probatorios y constatar las denuncias hechas por los representantes de la Iglesia católica, autoridades locales y organizaciones humanitarias.
La comisión recolectará los testimonios entregados por los familiares de las víctimas y los registros de los levantamientos de cadáveres realizados por las autoridades. Con esta información se logrará hacer un mapa sobre los lugares donde funcionan estas “casas”, las cuales, según se ha podido establecer, estarían ubicadas en cinco puntos del puerto.
Sin embargo la investigación tiene una gran complejidad, ya que muchos de los cadáveres han sido desaparecidos por sus victimarios y las pruebas materiales ya habrían sufrido alteraciones y modificaciones por parte de los miembros de la banda criminal.
Medios locales han señalado que de las 14 desapariciones denunciadas en los dos primeros meses del año las autoridades solamente han podido hallar a dos cuerpos. Las primeras hipótesis de este caso están dirigidas a la lucha por el control del territorio y las fronteras invisibles.
Por estos hechos, el Instituto de Medicina Legal creó un plan de choque con el fin de atender la difícil situación que se está presentando en esa zona del Valle del Cauca. Sin embargo se manifestó la necesidad de que las víctimas presenten la denuncia con el fin de conformar los mecanismos de acción y abrir un observatorio de violencia.
“Pude constatar la situación de violencia, pero las estadísticas no reflejan la verdadera problemática. La mujer viene siendo utilizada como un trofeo de guerra. Las bandas criminales toman a la mujer para causar miedo, intimidación y advertencia”, precisó el director del Instituto, Carlos Eduardo Valdés.