Fiscalía imputará cargos a Edwin Besaile en una semana por cartel de la hemofilia

El gobernador de Córdoba y hermano del senador Musa Besaile será investigado por dos delitos: concierto para delinquir y peculado. Él sostiene que es inocente.

Edwin Besaile fue elegido en 2015 gobernador de Córdoba por una coalición entre el Partido de la U y el Partido Liberal.Foto: Tomada de Youtube

La audiencia de imputación de cargos contra Edwin Besaile, gobernador de Córdoba y hermano del congresista Musa Besaile, ya tiene fecha: el próximo 22 de enero. Ante el Tribunal Superior de Bogotá, Besaile deberá presentarse para que la Fiscalía le notifique que lo empieza a investigar formalmente por los delitos de concierto para delinquir y peculado. Es decir, por haberse aliado -supuestamente- con otras personas para cometer acciones ilícitas, y por haberse apropiado de recursos del Estado. 

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A Besaile la Fiscalía lo tiene en la mira por el llamado cartel de la hemofilia, una práctica que se conoció durante la administración de Alejandro Lyons: registrar en el sistema de salud pacientes "fantasma" que presuntamente estaban diagnosticados con esa enfermedad, para luego hacer recobros por servicios que en realidad nunca se prestaron. Besaile, por su parte, ha negado cualquier irregularidad. 

En su contra, sin embargo, existen para la Fiscalía numerosos indicios y evidencias que acreditan la necesidad de una investigación en profundidad. Una de esas pruebas es el testimonio del exgobernador Lyons, quien estuvo en ese cargo de 2012 a 2015; es el antecesor de Besaile. Lyons ha dicho que pactó un acuerdo con Besaile para que los pagos irregulares por el cartel de la hemofilia se mantuvieran durante la nueva administración, y que Besaile, permitió esa situación anómala a cambio de quedarse con una buena "tajada". 

Besaile, por su parte, ha negado cualquier relación con el llamado cartel de la hemofilia y, en agosto de este año, denunció al representante de la IPS que al parecer se prestaba para hacer los recobros ilícitos, San José de la Sabana. Lo denunció por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. La Contraloría, sin embargo, dice que la gobernación de Besaile giró más de $1.500 millones a esa IPS sabiendo que los soportes eran fraudulentos, y por esa razón también abrió investigación.