Fiscalía imputará cargos a Leo Einsenband, dueño de Fedco

Leo Eisenband, presidente de Fedco. / Colprensa

La audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el empresario Leo Eisenband Gottlieb fue programada para el próximo 8 de junio a las 8:00 de la mañana. Allí la Fiscalía le abrirá investigación formal por el delito de peculado por apropiación al encontrar varias irregularidades en la compra del Centro Comercial Villa Country, ubicado en la ciudad de Barranquilla, y por el que, al parecer, se pagó un valor inferior al que costaba realmente.

En este caso se encuentra involucrado el exfiscal y depositario de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Camilo Bula, condenado a 18 años de cárcel por el manejo irregular de bienes al interior de esta entidad. De acuerdo con las investigaciones, el centro comercial fue vendido en 2009 por Bula a la firma Eilat Limitada, representada por Leo Eisenband. El precio por el cual fue pactado el negocio fue de $18.362 millones.

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Al parecer, este precio sería inferior al valor real del inmueble, debido a que no se tuvieron en cuenta 2.800 metros cuadrados del predio, según la investigación. Con este metraje, el precio hubiese aumentado en $3.600 millones.

Al parecer Bula y el representante legal de la promotora Araújo y Segovia, Luis Hoyos, se reunieron para “cuadrar” la serie de irregularidades que se presentaron alrededor de la venta de Villa Country, según reveló el mismo exfiscal. Además, las autoridades encontraron que, a la hora de vender Villa Country, se tuvo en cuenta el valor catastral y no el comercial del bien, por lo que el detrimento para la Dirección Nacional de Estupefacientes pudo ascender a $14 mil millones.

Camilo Bula, uno de los involucrados en este caso, fue condenado a 18 años de cárcel por el Tribunal Superior de Bogotá por hechos ocurridos en 2007 cuando se posesionó como depositario provisional de cuatro bienes incautados a la familia Nassar Arana, condenada por narcotráfico. Carlos Albornoz, entonces director de la DNE, designó a Bula para que asumiera el proceso de liquidación de la propiedad. La justicia determinó que Bula alteró los avalúos comerciales de los bienes para recibir coimas por $327 millones, acto que generó detrimento de las arcas estatales en más de $31.000 millones. 

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Por estos hechos, el 23 de enero de 2013 la Fiscalía le imputó los delitos de peculado, fraude procesal, prevaricato por acción y por omisión, obtención de documento público falso, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público. El escándalo de la DNE estaba en un punto álgido y Bula se comprometió a colaborar con las investigaciones de la Fiscalía para destapar toda la corrupción encubierta. A cambio consiguió un principio de oportunidad en el que se fijó que sólo sería procesado por peculado por apropiación en provecho propio y de terceros.