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La Fiscalía General le imputó 14 hechos delictivos al coronel (r) Robinson González del Río por su presunta participación en 26 ejecuciones extrajudiciales registradas en diferentes municipios en los departamentos de Antioquia y Caldas entre los años 2006 y 2009.
Para el ente investigador existen pruebas testimoniales y documentales suficientes para inferir que el oficial en retiro tenía conocimiento directo del reclutamiento de personas a zonas especificas donde los militares le daban muerte, les ubicaban armamento para ser presentados como guerrilleros abatidos.
El fiscal del caso aseguró que tuvo activa participación en las ordenes para darle muerte a los inocentes quienes posteriormente eran presentados ante sus superiores como subversivos que murieron en enfrentamientos con el Ejército.
El primero de estos casos se presentó el 23 de abril de 2007 cuando el entonces mayor González del Río les ordenó a miembros del Batallón Mártires de Puerres una expedición a la vereda La Holanda en el municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia).
A ese lugar habían sido trasladados dos hermanos, uno de ellos menores de edad. En ese momento los militares, quienes los estaban esperando, los fusilaron. Acto seguido les pusieron armas de fuego en sus manos, las cuales fueron disparadas para dejarles rastros de pólvora.
Los informes oficiales registraron un combate en el cual resultaron muertas estas dos personas. Advierte el fiscal que estas personas no hacían parte de ningún grupo subversivo, paramilitar, banda criminal o narcotraficante.
"Como se debía simular que había participado en un combate a estas víctimas se les coloco un revolver y una escopeta -armas de defensa personal- para hacer la simulación. Se les dio muerte a estas víctimas que estaban desarmadas”, precisó.
Por estos hechos la Fiscalía General le imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y porte, tráfico y uso de armas de fuego.
Justicia Penal Militar
Según el fiscal del caso mediante diferentes estrategias se buscó que estos casos pasaran a conocimiento de la Justicia Penal Militar, lo cual afectó presentar ante los jueces de la República al uniformado quien enfrenta otros procesos por el tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.
El nombre del oficial en retiro se conoció cuando se reveló una interceptación de una llamada con el entonces magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga en el cual se le manifestó el direccionamiento de una tutela para que su caso pasara de la justicia ordinaria a la penal militar.
Igualmente llamó la atención que este proceso tuvo que pasar a Bogotá, puesto que se presentaron amenazas a la fiscal que lo adelantaba en Medellín. Este tipo de hechos a afectado la administración de justicia en este caso puesto que se ha tenido que aplazar en diferentes oportunidades esta audiencia.