El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que este viernes se llevó a cabo la incautación de la casa de la congresista Aída Merlano, ubicada en Barranquilla. En el inmueble, que es conocido como "Casa Blanca", al parecer, funcionaba la red de "compra de votantes que utilizaba calcomanías con códigos de barras bidimensionales para hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos", de acuerdo con las investigaciones de la entidad.
Asimismo, el jefe del ente acusador señaló que ya se han identificado 46 inmuebles que se estarían usando con el mismo propósito: “Hemos identificado 46 inmuebles adicionales en el área metropolitana de Barranquilla que se habrían utilizado para el mismo propósito, en el municipio de Soledad, Malambo, por ejemplo”, aseguró Martínez.
Por otra parte, la Fiscalía ya identificó 12 cuentas bancarias que se habrían usado para cometer los delitos electorales de los que es sindicada Merlano. Dichas cuentas corrientes ya fueron intervenidas por la Policía Económica Financiera y en las próximas semanas se podrá conocer el origen de los dineros que allí se encuentran.
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Con el propósito de proteger el diverso material probatorio entre el que se encuentra computadores, documentos, usb entre otros, la Fiscalía realizó el traslado de estas pruebas a la sede de la entidad en Bogotá, debido a amenazas de alteración que podrían afectar la investigación contra la congresista.
El pasado domingo 11 de marzo, la Fiscalía realizó un allanamiento a la casa de la senadora electa por el Partido Conservador, Aída Merlano. Allí se encontraron más de $260 millones en efectivo, mercados empacados, armas de fuego y certificados electorales.
De acuerdo con el fiscal Néstor Humberto Martínez “la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grapaba un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto. De esta forma, se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña".
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Según el ente investigador cada voto era pagado a $40.000, con un subsidio de $5.000 de transporte. "El monto a pagar a cada uno de ellos variaba de acuerdo con la cantidad de votos ofrecida y si se superaba ese número, aumentaba también el valor del voto", señaló Martínez.