Fiscalía indaga rastreos ilegales en la Contraloría

Además del anuncio de imputación de cargos contra la alta funcionaria, el ente acusador tiene serias sospechas de irregularidades en el caso Saludcoop. Morelli insiste en su inocencia y acusa.

La contralora Sandra Morelli asegura que la Fiscalía la está persiguiendo y que lo demostrará ante la justicia. / Andrés Torres

De las sospechas y las denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión de la contralora Sandra Morelli, la Fiscalía ya tiene algunas certezas. Por eso anunció que le imputará cargos en los próximos días por las presuntas irregularidades que rodearon el traslado y arriendo de la nueva sede de la Contraloría, así como la venta de los edificios donde funcionaba la entidad. La Auditoría calculó el detrimento patrimonial de esta contratación en $76.000 millones. La Fiscalía está convencida de que se trató de un negocio chueco. Pero, al mismo tiempo, en frentes paralelos adelanta pesquisas sobre otros episodios que tienen a Morelli y a su círculo de colaboradores dando explicaciones.

El Espectador conoció detalles de estas pesquisas, que orbitan alrededor de un polémico rastreo de la Contraloría a los computadores de Saludcoop. En abril de 2011, por orden de la investigadora del caso, Edith Rocío González, se dispuso una inspección a la sede principal de la EPS con el objetivo de realizar copias espejo de los archivos de la entidad. Fue el inicio del accidentado proceso de Saludcoop. Sin embargo, súbitamente pocos días después, sin justificación alguna, González le pidió al Laboratorio de Informática Forense de la Contraloría que revisara en esos archivos si aparecían los nombres de 57 personas o empresas. Hasta ahí nada fuera de lo común.

No obstante, en dicha lista aparecieron los nombres de los entonces ministros Juan Carlos Esguerra, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Santamaría, la excongresista Dilian Francisca Toro, el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González, los hijos del excontralor Julio César Turbay, el exministro Diego Palacio, la exprimera dama Lina Moreno, la exfuncionaria del Ministerio de Hacienda Mónica Uribe, el exgerente del Fondo para la Reconstrucción de Armenia, Everardo Mora; una reconocida periodista, varias firmas de consultoría, las contraloras Nancy Vallejo, Margarita Jiménez, María del Pilar Yepes y hasta la vicecontralora Ligia Borrero.

En febrero de 2013, El Espectador dio a conocer este controvertido rastreo, que provocó la molestia de muchos de los nombrados en esa lista que nada tenían que ver con la EPS cuestionada y que derivó en una investigación de la Fiscalía que fue solicitada por la propia contralora. En ese momento, Morelli respaldó las actuaciones de sus funcionarios, no le vio problema alguno a este tipo de búsquedas selectivas en bases de datos, señaló que en Colombia no hay intocables y concluyó que esas labores eran normales y necesarias en un proceso tan complejo como el de Saludcoop. Hoy la Fiscalía cree que estos rastreos fueron ilegales y que hay un computador perdido en el que reposan varias pruebas.

Para los investigadores es completamente irregular que se diera una orden de rastreo como esa sin que se sustentaran las razones por las cuales debían ser investigadas estas personas. Mucho más si se tiene en cuenta que el objeto del proceso de control fiscal se limitaba al manejo inadecuado de recursos parafiscales por parte de Saludcoop. Como si fuera poco, se estableció que ninguno de los rastreados tenía la mínima condición exigida para ser objeto de estas pesquisas: administrar los recursos públicos de Saludcoop. De allí que ese rastreo, lejos de ajustarse a los parámetros de un proceso de control fiscal, habría excedido las competencias de la Contraloría y podría constituir un abuso de la función pública.

No es todo. El 17 de agosto de 2011, nuevamente la investigadora González pidió realizar una búsqueda en la base de datos de los archivos de Saludcoop para verificar si aparecían los nombres de otras 30 personas y empresas. Varios de ellos ya habían sido rastreados en abril de ese año. Además, aparecían los nombres de la EPS Famisanar, la administradora Llano, recobros CTC, Villa Valeria (de propiedad del expresidente de Saludcoop Carlos Palacino), entre otros, incluidos varios funcionarios de la Contraloría. Las pesquisas también habrían sido ordenadas por la funcionaria Mónica Esperanza Cano, quien entonces se desempeñaba como asesora del despacho de Sandra Morelli.

La Fiscalía documentó en los propios computadores de Cano —quien después fue nombrada como directora del Laboratorio de Informática de la Contraloría— que les ordenó a varios peritos del ente de control realizar búsquedas selectivas como las que había dispuesto González. Incluso, en su equipo se halló un correo en el que le pidió a un funcionario: “por instrucciones de la señora contralora remito las siguientes palabras para que por favor se realicen las búsquedas en los discos de Saludcoop”. Y en ese nuevo listado aparecieron los nombres de la excongresista Dilian Francisca Toro, de la vicecontralora Ligia Borrero, de otros contralores delegados, de las firma Golden Group e Interbusiness y de particulares como Elvia Mejía, Carlos Mesa, Margarita Jiménez y Edna Vélez.

Este diario supo que en la Fiscalía hay serios cuestionamientos sobre estas prácticas. Pero además se han encontrado más irregularidades. Por ejemplo, en el proceso Saludcoop hay constancia de que en un disco duro particular se compilaron los resultados de estas búsquedas irregulares. La Fiscalía solicitó ese disco duro, pero no fue entregado por la Contraloría y nadie responde por su paradero. Lo curioso es que se estableció que las últimas funcionarias que tuvieron acceso a ese disco fueron Edith González y Mónica Cano, por lo cual podrían ser procesadas por ocultamiento o destrucción de material probatorio. El Espectador conoció que este disco duro consta de 4.066 archivos en 397 gigas.

Asimismo, el ente investigador está convencido de que existieron irregularidades en la cadena de custodia de los archivos espejo obtenidos en los computadores de Saludcoop. Es más, se investiga la presunta falsificación de 12 actas en las que resultaría implicada Mónica Cano, por lo que se le investiga por falsedad en documento público. En febrero de 2013, cuando este diario denunció el primer polémico rastreo, Mónica Cano le dijo a El Espectador que todo el proceso Saludcoop se hizo guardando los protocolos legales y que como ese expediente era tan grande “queríamos tener la tranquilidad de que las personas que trabajaban con nosotros nada tuvieran que ver con el caso”.

No obstante, hoy la Fiscalía tiene serias dudas sobre las actuaciones de dos de las principales colaboradores de Sandra Morelli en el expediente Saludcoop. Un proceso en el que la Contraloría ya condenó en última instancia al expresidente de la EPS, Carlos Eduardo Palacino, y a otros directivos por $1,4 billones al constatar que con recursos públicos de la salud se pagaron viajes estrambóticos al exterior, suntuosas remodelaciones de casas campestres, compras de hoteles y otro largo etcétera de despilfarros. La Procuraduría hizo lo propio e inhabilitó por 18 años a Palacino. En la Fiscalía, sin embargo, el caso de este saqueo no avanza.

Muchos atribuyen esta morosidad al hecho de que el hoy fiscal Eduardo Montealegre ofició como abogado de Palacino y Saludcoop por varios años. De hecho, en el fallo de la Contraloría se dejó constancia de que recibió en su momento cinco contratos por $3.246 millones, pagos que se habrían hecho con cargo a los recursos del sistema de la salud. Aun más: Sandra Morelli sostuvo que Montealegre recibió dos contratos más por $1.200 millones después de haber tomado posesión como jefe del ente acusador en marzo de 2012. Entonces fue Troya. El fiscal exigió una retractación que no llegó y la contralora arreció sus denuncias y le pidió a la Comisión de Acusación del Congreso que investigara estos hechos.

No hay duda de que la génesis de la batalla campal que hoy libran Morelli y Montealegre tiene nombre y apellido: Carlos Palacino. Sin ese telón de fondo es imposible explicar por qué este enfrentamiento institucional terminó en una guerra declarada con imputaciones de por medio. “Si el fiscal pudiera, me mandaría a matar”, señaló la contralora esta semana cuando trascendió que le imputaría el delito de celebración de contratos sin los requisitos legales. Antes se había despachado asegurando: “La Fiscalía convirtió mi caso en un chisme de peluquería”. Para Morelli sólo hay un escenario posible: quieren encarcelarla a como dé lugar.

Sin embargo, en el ente investigador reposan pruebas de presuntas irregularidades en rastreos del caso Saludcoop, en el negocio del traslado y arriendo de la nueva sede de la Contraloría y en la venta de los edificios donde funcionaba la entidad. La Auditoría también revisó estos contratos y tasó el detrimento patrimonial en $76.000 millones. La respuesta de la contralora fue que la auditora Laura Marulanda la persigue y en tono desafiante le espetó: “(Ella) solo recicla lo que dicen Noticias Uno y (el columnista) Ramiro Bejarano”. En cuanto a Montealegre, Morelli le enrostró un negocio parecido: “El señor fiscal arrendó por acá cerca otro edificio, donde el metro cuadrado es mucho más caro”.

La Fiscalía anunció el viernes que solicitará ante un juez que Morelli no pueda salir del país, para garantizar su comparecencia. La contralora se sacudió recusando al vicefiscal Jorge Perdomo y a sus delegados bajo el argumento de que filtraron a la prensa información reservada. Y en la noche de este viernes viajó a Nueva York para pasar el fin de semana con su hijo. Ella dejó claro que tenía previsto regresar el próximo lunes y a todo el mundo le ha hecho saber que no está dispuesta a quedar como una prófuga más, que se defenderá ante los tribunales porque tiene la certeza de que es una perseguida y de que las pruebas de la Fiscalía no son más que una novela que tiene en la trasescena la venganza de un fiscal que recibió millonarios honorarios pagados con dineros de la salud.

 

 

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