Jueza que dejó libre a Uribe desiste denunciar amenazas ante la Fiscalía

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El ente investigador, en asocio con el grupo de delitos cibernéticos de la DIJIN, escucharon la declaración de la funcionaria judicial, sin embargo, ella decidió no interponer la denuncia, por considerar que no existían los elementos jurídicos para considerarlos como amenazas.

La Fiscalía adelanta las primeras pesquisas alrededor de mensajes intimidatorios que estaría recibiendo la jueza 30 de control de garantías Clara Ximena Salcedo. Se trata de la jueza que el pasado 10 de octubre ordenó la libertad del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, quien tenía una medida de aseguramiento dictada por la Corte Suprema de Justicia en un proceso penal que se le adelanta por presunto fraude procesal y soborno.

Las autoridades confirmaron que la Fiscalía, en apoyo con el grupo de delitos cibernéticos de la DIJIN de la Policía, escuchará la declaración de la funcionaria judicial este fin de semana para avanzar en las investigaciones. Tras hacerse pública esta información, el abogado de Uribe, Jaime Granados, rechazó cualquier acto intimidatorio en contra de la juez.

Sin embargo, Salcedo decidió no interponer la denuncia, por considerar que no existían los elementos jurídicos para considerarse como una amenaza. Además, manifestó que ella decidirá acerca de los mensajes insultantes que ha recibido en sus redes sociales y si interpone o no denuncia de injuria y calumnia. De igual manera, manifestó que estaba tranquila, ya que la Unidad Nacional de Protección le había otorgado un esquema de seguridad.

Salcedo tiene diez años de experiencia como abogada. En septiembre de 2010, cuando Uribe se acababa de despedir de la Casa de Nariño, Salcedo se graduó de derecho en la Universidad Nacional. En 2017, cuando Uribe terminaba su tercer año en el Senado, Salcedo llegó a apoyar el despacho del magistrado José Francisco Acuña en la Sala Penal de la Corte Suprema. En marzo de 2018, mientras Salcedo peleaba con jueces promiscuos por un cupo para oficiar como jueza penal municipal, la investigación contra Uribe apenas empezaba.

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La jueza tomó la decisión de levantar la medida de aseguramiento luego que el caso saliera de la Corte Suprema, por la renuncia al Congreso que hizo Uribe, y aterrizara en la Fiscalía General. Eso implicó que el proceso cambiara del procedimiento de la Ley 600 de 2000 a la Ley 906 de 2004. Por esa razón, luego de estudiar la petición que hizo la defensa de Uribe, que fue apoyada por la Procuraduría y la Fiscalía, la jueza estimó que la indagatoria no se equipara a la audiencia de imputación de cargos. Y, por tanto, sin estar imputado, Uribe debía permanecer en libertad mientras avanza el proceso en su contra.

“Sin imputación no puede existir medida de aseguramiento”, dijo la juez en dicha diligencia. En su pronunciamiento, además, Salcedo se despachó contra la Fiscalía pues dijo que “se trató de un desatino”, cuando el fiscal Gabriel Jaimes cuestionó la manera en la que se desarrolló la indagatoria contra Álvaro Uribe en la Corte Suprema. Según la funcionaria judicial, esas críticas del fiscal del caso no debían presentarse en esa audiencia en particular y, por el contrario, estaban dirigidas a “desviar la atención de la diligencia a aspectos que no son de competencia de los jueces de control de garantías”.

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Nota de la editora*: este artículo fue actualizado en la mañana del 17 de octubre de 2020 tras conocerse que la jueza Salcedo no iba a denunciar las amenazas ante la Fiscalía General.

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