El fiscal General, Eduardo Montealegre anunció que el ente investigador tomará acciones penales en contra de aquellos funcionarios y empleados de la Rama Judicial que impidan el acceso a los edificios y despachos en el marco de las protestas que se adelantan por el denominado paro judicial que ya cumple 90 días.
“La Fiscalía General de la Nación iniciará procesos penales por constreñimiento indebido y por abuso de autoridad que consiste en impedir el acceso de la ciudadanía a los despachos públicos e impedir el acceso de los servidores de la Rama”, precisó al final de una reunión en la Presidencia de la República que contó con la participación de los ministros de Trabajo y Justicia.
Ante esta situación aseguró que se buscan las medidas para garantizar que el próximo 13 de enero, día en el que finaliza la vacancia judicial, los funcionarios y empleados que no quieren participar en el paro puedan ingresar a sus respectivas oficinas. Ante esto no se descarta la colaboración de miembros de la Fuerza Pública.
El jefe del órgano acusador explicó que estas medidas se tomarán “si se persiste en las actividades de un cierre ilimitado e indefinido de las sedes de los despachos judiciales en contra de la voluntad de muchos funcionarios que quieren prestar en el servicio negándole la posibilidad de acceso a los ciudadanos a la justicia y a los juzgados”.
En una rueda de prensa el Fiscal General manifestó que la protesta social no puede afectar los derechos fundamentales como lo es el acceso a la administración de justicia. “99% de servidores de la Fiscalía cerraron el año desempeñando sus funciones. Solo el 1% se mantiene en cese de actividades”.
Igualmente indicó que partir del próximo martes se iniciarán los interrogatorios a los directores seccionales administrativos del Consejo Superior de la Judicatura que habrían omitido la circular de la Contraloría General de la República de pagarles el sueldo a los funcionarios y empleados de la Rama que continuaron en el paro.
Por su parte el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón aseguró que el próximo martes se le pediría a las instancias judiciales que el cese de actividades sea declarado ilegal debido a que la mayoría de los funcionarios y empleados de la Rama se han mostrado en desacuerdo con las pretensiones del mismo.