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El próximo miércoles, a las 8:30 de la mañana, el exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino López, será interrogado por un fiscal especializado para que dé su versión sobre un presunto tráfico de influencias en el departamento de Córdoba.
La Fiscalía recibirá la declaración del uniformado frente a la investigación contra el Fondo Ganadero de Córdoba. "En 2014, siendo director de la Policía, intentó impedir que la justicia cumpliera unas órdenes. En esa época, la Dirección de Análisis y Contexto adelantaba la investigación contra directivos del Fondo Ganadero de Córdoba por despojo de tierras, especialmente, en la región de Tulapas. Al parecer, el general (r) Palomino realizó llamadas que habrían impedido las capturas de algunos de los responsables a los que se les había impuesto medida de aseguramiento", dice el expediente.
En los últimos años, la Fiscalía ha venido indagando de qué manera directivos del Fondo Ganadero de Córdoba cometieron delitos que facilitaron el despojo de tierras en el Urabá.
En el ente investigador existen al menos 170 denuncias de campesinos que se registraron como víctimas de desplazamiento forzado, las cuales fueron presentadas ante las Fiscalías de Medellín, Apartadó, Córdoba y Bogotá en un periodo de casi una década.
Notarios y exfuncionarios del Incora también están siendo investigados. Una de las fichas claves en esta estrategia de despojo fue Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño.
Hace tres años la Fiscalía profirió medida de aseguramiento contra siete de los implicados en los despojos de tierras en Córdoba y Urabá a finales de los años 90. Entre los implicados estaban un exfuncionario del Incora, un notario y dirigentes del Fondo Ganadero de Córdoba, que supuestamente falsificaron documentos y engañaron campesinos para arrebatarles sus predios.
En febrero de 2014, la Fiscalía había ordenado la captura de los directivos del Fondo Carlos Enrique Sotomayor y Benito Molina Velarde, quienes eran investigados por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y lavado de activos. Por esa fecha también se ordenó el arresto del notario Miguel Francisco Puche Yáñez, de la exfuncionaria del Incora María Inés Cadavid, de Guido Manuel Vargas López y de Marco Fidel Furnieles. Estos dos últimos fueron identificados como que presionaron a los campesinos para vender sus tierras en Tulapas.