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“Calvo hp no se pudo quedar callado”. “Ya contratamos a los gatilleros para joderte hp”. Las dos frases son de dos correos electrónicos diferentes que en los últimos días recibieron el exfiscal Camilo Bula, testigo clave en las investigaciones por el desfalco de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), y su papá, Carlos Bula. Ambas amenazas de muerte ya son materia de investigación en la Fiscalía, quien abrió una carpeta para investigar el asunto pues sabe bien la importancia de este hombre dentro de sus pesquisas por el escándalo.
Los mensajes llegaron el pasado 10 de agosto. El primero estaba dirigido al exfiscal, condenado a 18 años de prisión por su participación en el escándalo del manejo irregular de bienes en la DNE. El asunto del correo dice: “Te vamos a joder”. Además de advertirle que la amenaza es el resultado de su colaboración con la Fiscalía, a Bula le advierten que sabe dónde vive, que lo van a buscar “para joderlo para que aprendas a no meterse con la gente que hizo negocios (...) tenemos tu foto ahora aténgase a las consecuencia”..
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El correo termina con otra advertencia pues hace extensiva su amenaza “a todo aquel que se meta con nosotros sea quien sea y su cochina familia también (...) las vas a pagar”. Unos minutos después de recibir el email, Carlos Bula recibió uno dirigido a su correo personal. Esa misiva, con el mismo asunto anterior, arranca con la frase: “Señor su hijo esa rata no se puede quedar callada (...) los que hicimos negocios con él no vamos a tolerar más denuncias de ese hp”.
Todo el contenido de los correos ya está en poder de las autoridades y del propio fiscal general. El pasado 14 de agosto, Carlos Bula le escribió una carta personal a Franciso Barbosa relatando lo sucedido y pidiendo ayuda para proteger la vida de su familia, en especial la de su hijo quien es el objetivo directo de estas amenazas. El tema ya lo conoce también la Unidad de Protección a Testigos del ente investigador, pues Camilo Bula es testigo clave en 16 investigaciones diferentes que adelanta la Fiscalía por el escándalo de la DNE.
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Entre esos casos, los demás relevancia son: el de Carlos Albornoz, exdirector de la DNE quien ya está en juicio y Bula lo señala de haber estado al tanto de la venta irregular de un predio; el de dos representantes legales de inmobiliarias que se habrían prestado para concretar los negocios sucios y así esquivar la vigilancia de las autoridades, Jorge Iván Velásquez y Luis Hoyos; y el de Leo Eisenban, expropietario de Fedco, a quien la Fiscalía ya lo vinculó oficialmente a las investigaciones por el desfalco porque, supuestamente habría ofrecido una comisión de éxito por cerca de $2.000 millones por la compraventa del centro comercial Villa Country, que fue vendido a un precio $22.000 millones menor que su avalúo comercial.
Además de estos procesos, en el último expediente que declaró Bula fue en el de Isabel Cristina Vega y Jorge Alberto Urrea. Ocurrió a comienzos de agosto dentro del juicio que ya arrancó en contra de la pareja quienes compraron los bienes Cuba y Casablanca, un predio de 780 hectáreas ubicado entre Barranquilla y Puerto Colombia, por un precio de $600 el metro cuadrado. Una cifra sospechosa, pues en esa zona el valor del metro cuadrado varía entre $15.000 y $150.000. En este caso, la Fiscalía también investiga por qué se cambió el delito en contra de Vega y Urrea y todavía no encuentra una explicación satisfactoria.
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Esta no es la primera vez que Bula y su familia reciben amenazas. En julio del año pasado, Carlos Bula denunció en la Fiscalía otros mensajes intimidatorios y el entonces fiscal encargado, fiscal general, Fabio Espitia, ordenó investigar el caso. Camilo Bula se encuentra cumpliendo una condena de 18 años de prisión. El exfiscal antimafia llegó a la DNE como depositario en 2007 y, desde ese cargo, dice el fallo en su contra, les vendió a terceros cuatro bienes incautados a la familia Nasser Arana. A ese clan, procesado por narcotráfico, las autoridades le incautaron 270 propiedades en total: el tesoro más grande que haya manejado Estupefacientes.
Los cuatro bienes que manejó Bula se vendieron por un valor irreal y el Estado perdió $31.550 millones. En 2011, la corrupción en la DNE se hizo evidente, Bula fue capturado y entonces empezó a negociar con la justicia. Fue así como Bula, cuyas delaciones involucran a más de 30 personas y han conllevado a varias imputaciones de cargos, se convirtió en testigo estrella de la Fiscalía por el caso DNE. Sus declaraciones iban por buen camino hasta que, en julio de 2015, el Tribunal Superior de Bogotá le aumentó la pena de 8 a 18 años y toda su colaboración se detuvo hasta hoy.