Fiscalía le imputa cargos a Alcalde de Calarcá por irregularidades en contrato para atender emergencia

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En este municipio del Quindío, la administración local habría firmado un contrato para suministrar mercados a la población más afectada por la emergencia Sanitaria. Fiscalía imputó cargos al encontrar que se hizo un nuevo contrato por $375 millones más de lo pactado inicialmente.

Ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Calarcá (Quindío), la Fiscalía le imputó cargos al alcalde de este municipio, Luis Alberto Balsero. El alcalde de esta ciudad, que fue uno de los primeros mandatarios locales en ser suspendido de su cargo por la Procuraduría por mal manejo de los recursos públicos en medio de la emergencia sanitaria, ahora deberá responder por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Al parecer, a este contrato se le modificó el valor, el número de contrato y la fecha de suscripción.

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En la investigación, el contrato celebrado con Inversiones Echeverry Trujillo SAS no cumple con los requisitos legales. El alcalde de esta ciudad fue uno de los primeros mandatarios locales en ser suspendido de su cargo por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la contratación para atender la emergencia sanitaria. Junto con el alcalde, la Fiscalía judicializó al secretario municipal José Winser Garzón (también suspendido por la Procuraduría) y a la contratista Natalia Vanessa Castillo por el mismo delito. En la audiencia de imputación de cargos, que se realizó de manera virtual, ninguno de los tres implicados aceptó su responsabilidad.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el 8 de abril de 2020, las partes habían firmado el contrato 005 con acuerdos ya pactados. Debido a la urgencia manifiesta, el alcalde Balsero, como muchos otros mandatarios, tiene la facultad de contratar de manera directa. Fue así como se le entregó el contrato a esta empresa. Sin embargo, dice la denuncia, “los documentos y las firmas destinados para el mismo, presuntamente, se habrían utilizado para suscribir el contrato 007”. Es decir, se hizo otro contrato en donde las reglas cambiaban.

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Según la Fiscalía, se había acordado inicialmente que el contrato 005 tendría un valor de $15 millones. Sin embargo, los vinculados al caso habían tramitado y celebrado el contrato 007 por más de $390 millones. De acuerdo con el ente investigador, todo habría comenzado cuando Castillo solicitó los documentos de la contratación inicial y “habría sido quien sugirió el uso de las firmas, a través de escáner, para suscribir el nuevo contrato con la sociedad”.

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