Fiscalía imputará cargos a 10 alcaldes por supuestas irregularidades en contratos COVID-19

Entre los mandatarios locales están Armenia (Quindío), Malambo (Atlántico), Cereté (Córdoba), Socorro (Santander), Calarcá (Quindío), Guaduas (Cundinamarca) y Coveñas (Sucre). Los alcaldes de Acacías, Girón, Sincelejo fueron llamados a interrogatorio.

Durante la pandemia, las tres entidades tiene bajo la lupa varias alcaldías y gobernaciones que habrían firmado varios contratos de manera irregular.Archivo El Espectador.

En un nuevo pronunciamiento conjunto de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General se dieron nuevos detalles de las investigaciones que adelantan las tres de entidades sobre los contratos que se firmaron durante la pandemia generada por el COVID-19. En esta labor, el ente investigador verificó más de 3.000 convenios suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social.

El fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que imputará y solicitará prisión preventiva contra 10 alcaldes por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado. Los mandatarios locales son: José Manuel Ríos Morales, Armenia (Quindío); Rummenigge Monsalve Álvarez,  Malambo (Atlántico); Luis Antonio Rhenals, Cereté (Córdoba); Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, Socorro (Santander); Luis Alberto Balcero Contreras, Calarcá (Quindío); Jhon Jaime Ospina Loaiza, San Pedro (Valle del Cauca); Jorge Iván Vásquez Martínez, San Antonio (Tolima); Germán Herrera Gómez, Guaduas (Cundinamarca);  Nelson Gómez Velásquez, Palocabildo (Tolima); Rafael Antonio Ospina Toscano, Coveñas (Sucre). 

En la mañana de este 21 de mayo, fueron capturados los alcaldes de Guaduas y Palocabildo y a esta hora se adelanta la legalización de sus capturas. Barbosa señaló que realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país. "En este momento hay 68 indagaciones abiertas y se hicieron 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia" aseguró Barbosa. Además, otros tres alcaldes serán llamados a interrogatorio: Eduardo Cortés Trujillo ,Acacías (Meta); Carlos Alberto Román Ochoa, Girón (Santander); Andrés Eduardo Gómez Martínez, Sincelejo (Sucre).

Barbosa indicó que este trabajo también arrojó tres citaciones para que rindan interrogatorio a tres gobernadores: Everth Hawkins de San Andrés, José Facundo Castillo de Arauca y Heydeer Palacio de Guaviare. "Debe indicarse que los fiscales delegados adelantan investigaciones contra 14 gobernadores. Arauca (tres casos), Magdalena (tres casos), Cesar (tres casos), San Andrés (dos casos), Guaviare (dos casos), Vichada (dos casos); y Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Casanare, Bolívar, Sucre, Amazonas y Vaupés (con un caso respectivamente)", apuntó la cabeza del ente investigador.

Contraloría identificó $420.000 millones en sobrecostos durante la pandemia

El contralor general Felipe Córdoba precisó que la entidad ha revisado contratos por más de $3.1 billones en atención de la emergencia del Covid. Cerca de $2.1 billones para la compra de insumos médicos, elementos de bioseguridad y alimentos. El billón de pesos restante han sido para contratos de prestación de servicios para apoyo y gestión. “Se han identificado $420.000 millones en sobrecostos y se han emitido 227 alertas, que han permitido, hasta el 18 de mayo, beneficios $25.000 millones y la cancelación de contratos por $3.200 millones”, señaló la Contraloría. 

Una de las indagaciones que abrió la Contraloría fue en la Armada Nacional contra el comandante de la Base Naval de la Armada de Bogotá, capitán de navío Jaime Gómez González, por sobrecostos en la compra de más de un millón trescientos mil tapabocas. Las alertas se generaron luego de que el organismo de control descubriera que se pagó el doble por cada tapabocas, provocando sobrecostos del 100% que sumaron 992 millones. “Estamos evaluando también la responsabilidad de la empresa Medivalle. Mientras la Policía pagó por cada tapabocas convencional $750, la Armada pagó $1.500”, señaló Córdoba.

En sus indagaciones, la Contraloría evidenció que solo en los municipios de los departamentos del Quindío y Caquetá no se han presentado sobrecostos. “En seis gobernaciones de las 30 que se han revisado, no hemos evidenciado irregularidades. Estas son Bolívar, Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y La Guajira (...) Hemos podido ver que las capitales con sobrecostos más altos son Medellín, Cali, Sincelejo y Tunja ”, agregó el contralor general. Asimismo, indicó que los municipios más afectados son Floridablanca (Santander), Sabaneta (Antioquia), Puerto Boyacá y Girón (Santander).

“La región Caribe es la de mayor riesgo, donde el porcentaje de presuntos sobrecostos supera el 70% del universo de contratos, donde el 25% tiene que ver con la pandemia”, señaló Felipe Córdoba. La Contraloría anunciò que declaró como hecho de impacto nacional lo sucedido en la Unidad de Gestión de Riesgo tras la adquisición de 769.677 kits por un valor de $96.000 millones. A su vez, el contralor manifestó que a la fecha se han abierto 40 nuevas indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en 12 gobernaciones, 10 municipios y cuatro entidades de salud. 

La Contraloría también le puso lupa a un contrato en la Alcaldía de Medellín que se hizo a través de la Secretaría de Educación. En el proceso de responsabilidad fiscal fueron vinculados el alcalde Daniel Quintero Calle, su Secretaría Educación, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, la Asesora Jurídica de este Despacho, María Patricia Ariza Velasco, y la Corporación Colombia Avanza, por presuntos sobrecostos por $942 millones en la adquisición de 220.578 kits de alimentación. 

Finalmente, entre la decena de procesos que aperturó la Contraloría, está uno contra la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, por el presunto sobrecosto de $311 millones en un contrato firmado con la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca, Corpovalle, para brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a adultos mayores.

En la misma dirección, la Procuraduría anunció la apertura de nuevos procesos contra varios de los mandatarios que están siendo investigados por la Contraloría y Fiscalía. Asimismo, anunció que en el radar del Ministerio Público está el gobernador del Tolima y la Dirección Nacional de Bomberos, a quien le abrió una investigación por presuntas irregularidades en el contrato para la adquisición de 30 camiones cisterna por más $13.000 millones.

 

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Redacción Judicial

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Fiscalía imputará cargos a 10 alcaldes por supuestas irregularidades en contratos COVID-19

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