Fiscalía le imputará el delito de lavado de activos a Emilio Tapia

El ente investigador indica que existen pruebas que relacionan al contratista con actividades ilegales.

Ante un juez de garantías la Fiscalía General le imputará el delito de lavado de activos al contratista Emilio Tapia, quien fue capturado en las instalaciones del búnker en la tarde del pasado lunes por agentes del CTI.

Tapia, considerado como el testigo estrella del ‘carrusel de la contratación’, habría seguido cometiendo actividades ilícitas mediante una serie de negocios pese a que había firmado un preacuerdo con el ente investigador de colaboración con la justicia.

"Emilio Tapia ha sido capturado porque la Fiscalía cuenta con evidencia suficiente que permite inferir que el señor Tapia está dándole apariencia de legalidad a dineros obtenidos de corrupción y que esto lo ha hecho también con su preacuerdo con la Fiscalía", precisó el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo en rueda de prensa.  

Según las pruebas recolectadas con empresas fachada y terceros habría realizado una serie de negocios ilícitos, así como la compra de casas, carros y lotes en diferentes partes del país. Por este hecho se anunció la revocatoria del preacuerdo al que se había llegado con el contratista por cuatro delitos al considerar que no cumplió con los lineamientos que había firmado.

Ante esta decisión se espera que en los próximos días se fije una audiencia en la cual será acusado formalmente por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Además el próximo 28 de febrero se le solicitará a un juez de la República que determine la necesidad de ampliar el principio de oportunidad por el delito de cohecho.

La Fiscalía General está tras la pista de otras personas que habrían fungido como “testaferros” del contratista cuyas declaraciones han sido la base para la apertura de procesos por las irregularidades en la entrega de contratos viales en la capital de la República y la prestación del servicio de ambulancias. Igualmente le ha a las autoridades judiciales que los operadores privados de aseo lideraron un “complot” en contra del nuevo modelo de aseo en Bogotá durante la administración de Gustavo Petro Urrego.

Su nombre, en los últimos días, ha estado vinculado a las irregularidades en la celebración de contratos en las Fuerzas Militares, principalmente el Ejército Nacional, el cual le ha costado la carrera a varios generales y coroneles.