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La Fiscalía General le imputará los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir al empresario colombo-israelí Alberto Aroch, señalado por las autoridades de haber adelantado durante años actividades ilegales dirigidas al “blanqueo de capitales”.
Para darle una apariencia de legalidad se destinaron los recursos con empresas de textiles y construcción en Panamá y Venezuela constituidas de manera legal “para mover esas cantidades de dinero y que no se vieran raro”. Además no hacía la declaración de renta en Colombia sino en otros países.
Varios testimonios recolectados por el ente investigador permitieron establecer que utilizando su influencia y cercanía con varios políticos y contactos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para blindar “sus chanchullos” o actos de corrupción administrativa.
“Dio apariencia de legalidad a un dinero que es de origen ilícito mediante la utilización de empresas que aparentan desarrollar un objeto social y desarrollaron toda su arte de maniobras contables para elevar las cifras en determinadas cuentas con miras a justificar ingresos y soportar operaciones en el marco de una actividad económica regular cuando ello no fue así”, precisó la fiscal.
En la investigación se pudo establecer que Aroch era el líder de la operación del blanqueo de capitales con diferentes empresas adelantando “toda una clase de irregularidades contables y financieras para fines ilícitos, utilizando empresas a nombre de terceros.
En la audiencia se nombraron varias empresas que habrían sido utilizadas para el ingreso de altas sumas de dinero producto del contrabando. Estas irregularidades fueron la piedra angular de la investigación para establecer la inyección de capital injustificada, manipulación de cuentas bancarias y presentación de documentos falsos.
En este sentido señaló que se realizaron inversiones inmobiliarias por medio de una empresa de construcción por medio de la cual se crear fiducias en las que aparecían proyectos inmobiliarios inexistentes con el fin de dar una apariencia de legalidad. Se simularon estas acciones para ocultar el origen delictivo de los recursos inyectados.
Por la gravedad de los delitos imputados la Fiscalía General le solicitará a un juez de control de garantías que cobije al empresario con medida de aseguramiento en centro carcelario.