Ante el juez 65 de garantías, la Fiscalía General le imputó ocho delitos al exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Carlos Albornoz Guerrero, en el proceso que se le adelanta por su presunta responsabilidad en la entrega de multimillonarios bienes incautados al narcotráfico a un grupo de particulares de manera irregular.
En su intervención, el fiscal del caso indicó que Albornoz incurrió en serias fallas y omisiones al entregar una serie de bienes a Camilo Bula para su administración sin ejercer el control y vigilancia que le exigía su cargo.
En la imputación de cargos el fiscal del caso fue reiterativo en señalar que Albornoz fue la persona que nombró de manera irregular a Bula como depositario y posterior liquidación de los bienes incautados al narcotráfico.
La Fiscalía reveló que posteriormente habría concertado con Bula omitir las regulaciones establecidas por la ley en el avalúo de cuatro bienes inmuebles de la firma Promocon Ltda. con sede en Barranquilla y que habría ocasionado un detrimento patrimonial al Estado.
En este sentido se señaló que el centro comercial Villa Country avaluado en 35 mil millones de pesos y que fue vendido por 18 mil millones. “Pero eso no es lo más grave. Esa supuesta reunión en la que los copropietarios avalaron la venta nunca existió, se fraguó una mentira, se hicieron esas actas y se indujo al error a servidores públicos”.
En este caso se señaló que un notario avaló y dio fe a dichas actas por lo que se presentó una falsedad en documento público. “Usted convalidó todas estas actividades irregulares, actividades de venta irregular adelantada por Camilo Bula”, aclaró.
El ente investigador estimó que el desfalco que se le causó a la Nación a través del manejo irregular de bienes incautados al narcotráfico es de aproximadamente 25.000 millones de pesos.
La Fiscalía le imputará a Albornoz los delitos de peculado por apropiación en beneficio propio, fraude procesal, prevaricato por omisión, obtención de documento público falso, prevaricato por acción, concierto para delinquir, peculado por apropiación en beneficio de terceros, y falsedad ideológica en documento público.
Debido a la gravedad de los delitos y de la conducta, la Fiscalía le solicitará al funcionario judicial que cobije al exfuncionario con medida de aseguramiento.