Fiscalía le solicitó a la Corte Suprema ratificar condena contra exconcejal Camacho Casado por ‘carrusel’

Por su parte, la Procuraduría pidió casar parcialmente la sentencia debido al preacuerdo firmado con el excabildante distrital en el que aceptó su participación en los hechos.

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el delegado de la Fiscalía General le solicitó rechazar los argumentos presentados en el recurso de casación de la defensa del exconcejal de Bogotá, Andrés Camacho Casado condenado a 69 meses y 18 días de prisión por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio por su responsabilidad en el ‘carrusel de la contratación’.

En su intervención, el fiscal tercero delegado ante la Corte manifestó que en el fallo de segunda instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tuvo en cuenta la gravedad de los hechos materia de investigación, así como las pruebas presentadas frente a los delitos contra la administración pública. (Ver Juez prorrogó principio de oportunidad al exconcejal Andrés Camacho Casado)

Ante esto consideró que no se presentó un falso juicio por parte del Tribunal, ni una omisión de las pruebas al resolver el recurso de apelación. “No se presentó un error en la dosificación de la penal”, precisó el fiscal del caso quien solicitó que no se acepten las pretensiones del abogado defensor.

En este sentido aseguró que en el fallo de segunda instancia se respetaron los marcos legales, teniendo en cuenta una serie de agravantes como la posición de Camacho Casado dentro la sociedad, los hechos contra la administración pública, la afectación a la población.

Para la dosificación de la pena, se determinó que el excabildante había reintegrado el dinero del que se habría apropiado de manera ilegal, así como su colaboración con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos que rodearon las irregularidades en el proceso de contratación en la capital de la República durante la administración de Samuel Moreno Rojas.

Para el fiscal la pena fue proporcional y legal, puesto que se cumplió con la rebaja de la condena establecida en la ley por su aceptación en los hechos motivo de investigación pero también se tuvieron en cuenta los hechos de corrupción en los que participó el concejal.

Ante esto aseguró que desde 2011 existía una investigación contra Camacho Casado por su responsabilidad en el denominad ‘carrusel’, sin embargo no fue hasta el 2013 que se recopilaron las pruebas más importantes contra el entonces concejal quien se presentó por voluntad propia ante la Fiscalía para firmar el preacuerdo.

Por su parte, la representante de la Procuraduría General le solicitó al alto tribunal casar parcialmente el fallo manifestando que se debe presentar una rebaja en la pena debido al preacuerdo firmado por el procesado y la colaboración que le ha prestado a las autoridades judiciales en este escándalo de corrupción administrativa.

Debido a esto solicitó que la rebaja sea del 50 y no del 40% como lo estableció el Tribunal Superior. La procuradora pidió que en todos los demás argumentos se rechacen las pretensiones de la defensa del exconcejal, puesto que se estarían afectando los derechos de las víctimas, de la justicia, verdad y reparación si se aceptan.

El abogado del excabildante pidió en el recuro extraordinario que se le modifique la pena privativa de la libertad interpuesta en el fallo de segunda instancia, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes penales y que siempre ha estado dispuesto a colaborar con la justicia para aclarar estos hechos.

Según la investigación, Camacho Casado habría recibido 300 millones de pesos para que la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) le entregara contratos de la malla vial a los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez (condenados por el ‘carrusel’).

Aprovechando su posición social y política, habría presionado el nombramiento de Iván Hernández Daza como director de la UMV ante el alcalde Moreno Rojas para así facilitar la entrega de multimillonarios convenios contractuales en la capital de la República.

Por estos mismos hechos fue destituido en inhabilitado por 13 años para ejercer cargos públicos. Actualmente se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá.