Fiscalía les pone la lupa a contratos de la Drummond

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Pormenores de un reciente informe del ente investigador, en el que se señala que hubo sobrecostos por un millón de dólares en un convenio de la compañía con un contratista entre 1996 y 2001. Ese dinero podría haber ido a manos de los paramilitares.

La Fiscalía continúa investigando a directivos y exdirectivos de la multinacional carbonera Drummond, luego de que en octubre de 2019 permitió que siguieran en libertad mientras decide si los llama a juicio o no por los delitos de concierto para delinquir (financiamiento de grupos al margen de la ley) y homicidio agravado. El ente investigador indaga si seis directivos de la compañía patrocinaron a un frente de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), creado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Además, de esta pesquisa también se pretende determinar si los altos funcionarios de la empresa tuvieron que ver o no en el doble homicidio de dos líderes sindicalistas, Valmore Locarno y Víctor Orcasita, en marzo de 2001.

El Espectador conoció un reciente informe del Grupo Financiero de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, en el que le puso la lupa a una serie de contratos y transacciones financieras que celebró la empresa entre 1996 y 2001 con la empresa Industrial de Servicios y Alimentos (ISA). El representante legal de esa compañia era Jaime Blanco Maya, medio hermano del excontralor y quien fue condenado en 2013 por el doble homicidio de los empleados de la Drummond, encargado de proveer las comidas de los trabajadores de la compañía. La relación comercial terminó en 2001 (a pesar de que el convenio iba hasta 2002), cuando Blanco Maya empezó a ser relacionado por la Fiscalía con el crimen.

El documento de 46 páginas de la Fiscalía concluye que, en ese lapso, las transacciones entre la Drummond e ISA estuvieron “sobreestimadas” en $3.755 millones, lo que para la época eran cerca de US$1,6 millones. La cifra cobra total relevancia ya que desde 2012, cuando Blanco Maya (también hermano de alias el Kiri Maya, condenado por sus nexos con paramilitares) confesó que a través de su empresa pasaron los dineros que financiaron al frente Juan Andrés Álvarez de las Auc. Para soportar lo que decía, ese año Blanco empezó a entregar documentación de los supuestos sobrecostos en cada ración de comida que recibían los empleados de la mina La Loma, en el municipio de El Paso.

En 2012, el portal periodístico Verdad Abierta señaló que Blanco les había dicho a las autoridades que hubo sobreprecios por un 40 % en el valor de la comida para poder financiar a las Auc. En el reciente informe la Fiscalía señaló que “entre los precios unitarios inicialmente cotizados por las tres comidas, pasa de la primera cotización en noviembre de 1995 de $8.240 a $11.777 en julio de 1996 (precio final contratado), aumentándose el precio unitario en un período de siete meses, en $3.537, que equivale al 42,92 % del precio inicial. (...) Se presenta un mayor valor registrado en la contabilidad de la empresa Drummond, en las cuentas de costos por servicios de alimentación” con ISA.

Drummond dice que no hubo ningún tipo de sobrecostos. “Lo que se registraron fueron diferentes cotizaciones entre 1995 y 1996, aceptándose finalmente la de julio de 1996. La razón de que existieran diferentes cotizaciones fue que en la primera propuesta no se incluyeron ítems fundamentales para la prestación del servicio, como el empaque apropiado para conservar los alimentos, así como el reconocimiento de inversiones en infraestructura que se debían realizar en cocina y equipos. Adicionalmente, como hubo cambio de año y transcurrieron ocho meses entre la primera y la última cotización, fue necesario que el proveedor actualizara el costo de su servicio de acuerdo con el aumento del índice de inflación”, dijo a El Espectador la multinacional a través de un comunicado de prensa.

En la escueta respuesta la carbonera también dijo que frente a este peritazgo solicitaron aclaraciones a la Fiscalía y, una vez se tuviera respuesta de este requerimiento, se evaluaran las posibles objeciones a las que haya lugar. El ente investigador comparó las facturas de otros proveedores de comida de la Drummond con las de Blanco Maya y encontró que los precios facturados por ISA, para los años 1995 y 1996, fueron siempre superiores a los proveedores examinados. Con el primer contratista, el auditor forense determinó que los precios de ISA fueron superiores un 57 %, mientras que con la segunda en un 54 %.

“Para el período objeto de la revisión, el valor facturado correspondió a la suma de $16.428 millones (...). En 1996 se refleja como el de menor volumen de pagos con un valor de $222 millones. El máximo monto pagado durante el contrato fue realizado en 2000, por valor de $4.252 millones. Los incrementos en 1998, 1999 y 2000 fueron de 115, 59 y 42 %, respectivamente (...). Los pagos realizados a este contratista crecieron durante 48 meses, comprendidos desde los años 1997 a 2000 en 4,8 veces”, reza el documento fechado del 14 de julio de 2020, considerado como clave en el proceso para las víctimas.

Cuando la Fiscalía determinó en octubre pasado dejarlos en libertad hizo un análisis de contexto en el Cesar, donde opera la carbonera en Colombia. El ente investigador señaló que los grupos paramilitares en el departamento llegaron en 1996 por órdenes de los jefes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso y que en los siguientes años tomaron fuerza de la mano de Jorge 40. El grupo ilegal desplazó a civiles forzadamente y cometió varias masacres, torturas y asesinatos selectivos. Durante este período sindicalistas, líderes sociales, organizaciones campesinas y estudiantiles, periodistas y pueblos nativos fueron blanco de estos ataques de los paramilitares.

Rodrigo Tovar Pupo, como realmente se llama Jorge 40, vuelve a Colombia el seis de septiembre próximo luego de que en mayo de 2008 el entonces presidente Uribe lo extraditó con otros jefes paramilitares a Estados Unidos por narcotráfico. En 2009, aceptó su participación en el crimen de los sindicalistas y fue condenado. Sin embargo, de su boca no ha salido una sola palabra con relación a este hecho o las más de 300 masacres que se le endilga a él y sus hombres. Su abogado señaló que parte de su silencio radica en el asesinato de su hermano ese mismo año. Dos fuentes cercanas a Jorge 40 le dijeron a este diario que no se sabe aún si él vendrá a contar todo lo que sabe a las autoridades.

Este diario tuvo acceso a una de las pocas declaraciones que Tovar Pupo hizo ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en abril 2007, un año antes de su extradición. En la corta diligencia Tovar Pupo señaló que no conocía a Augusto Jiménez ni las instalaciones de la multinacional. Con respecto al asesinato de los sindicalistas dijo que solo se referiría ante Justicia y Paz sobre estos hechos. Sin embargo, cuando fue extraditado y fue asesinado su hermano, Jorge 40 dejó plantados en once oportunidades a fiscales de esa justicia especial que viajaban a Estados Unidos para escucharlo. En 2015 fue sacado de esa jurisdicción y el año pasado intentó infructuosamente llegar a la JEP.

Becerril, La Jagua y Codazzi fueron algunos de los municipios más afectados del departamento. En esta misma zona del departamento, las Farc y Eln atentaron contra la infraestructura minera y el secuestro como mecanismo de presión hacia las multinacionales y las autoridades locales. De manera conjunta, de acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía, los grupos subversivos atacaron en 16 oportunidades a la Drummond entre 1991 y 2001. Los más afectados fueron la vía férrea y el tren de la compañía, que sacaba el carbón a la costa Caribe. En 2001, la empresa calculaba pérdidas por $10.000 millones y ponía en duda el suministro de carbón al mercado internacional.

Fue en este punto crítico, dice un informe de contexto de la Unidad de Restitución de Tierras, que la minera y su homóloga suiza Prodeco buscaron estrategias para proteger su infraestructura y sus empleados en la región. “Es así como desde este período el accionar paramilitar en esta zona ha generado varios cuestionamientos en cuanto a las presuntas relaciones entre las empresas del carbón y el bloque Norte de los paramilitares a través del frente Juan Andrés Álvarez”, señala el informe del organismo, citado en el documento de la Fiscalía de octubre de 2019.

Además, la Fiscalía ha señalado los convenios de colaboración entre la Drummond y la Fuerza Pública (Ministerio de Defensa) a partir de julio de 2009, en los cuales el Estado se comprometió a suministrar protección a cambio de “una partida presupuestal” (no revela las sumas de dinero pactadas). Desde entonces y hasta el 20 de septiembre de 2016 se acordaron otros cinco convenios, firmados por el actual presidente de la compañía, José Miguel Linares, y la Secretaría del Ministerio de Defensa, “sin que ninguno cobije el período comprendido entre 1996 y 2006. Es en este contexto donde se ha señalado la presunta financiación de Drummond a las autodefensas”, indicó la Fiscalía.

Blanco Maya fue aceptado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en noviembre de 2019 y entre las muchos temas que prometió contar en esa justicia fue la supuesta financiación de la compañía a los paramilitares entre 1993 y 2002. Entre tanto sigue preso en La Picota y previo al inicio de la cuarentena, estaba previsto que empezara declarar ante la JEP y desde entonces no se ha reprogramado esa diligencia. En cuanto al proceso contra las cabezas de la Drummond, la Fiscalía lleva 10 meses sin determinar si los llama a juicio o no.

Dentro de las pruebas que tiene la Fiscalía contra los directivos de la multinacional estadounidense están los testimonios de 10 trabajadores colombianos de la compañía y dos contratistas de la Drummond. Los empleados en territorio nacional señalaron, en resumen, que la seguridad de la empresa la prestaban particulares y que eran muy cercanos a Industrial de Servicios y Alimentos (ISA). También denunciaron que paramilitares circulaban libremente por las adyacencias del lugar de operaciones y en el comedor de la Drummond. Tres empleados dijeron que Augusto Jiménez, presidente de la compañía entre 1990 y 2012 e investigado en esta causa judicial, sabía de la presencia de los hombres armados en estos lugares.

Indagatorias claves

El Espectador también tuvo acceso a las indagatorias de tres de los directivos investigados, entre ellos la de Jiménez. En la diligencia, realizada el 16 de octubre de 2019, Jiménez señaló que “sobre el manejo económico de ese contrato (el de Drummond con Blanco), con total tranquilidad y firmeza le digo que después de análisis hechos por nosotros y por especialistas que hemos consultado, que todo ese contrato está totalmente soportado económica y financieramente, como afortunadamente se la hará conocer a la Fiscalía o cuando esta no lo solicité. Lo cual no me sorprende, porque la compañía siempre ha sido muy cuidadosa con los contratistas. La aseveración de Blanco a este respecto es falsa y no tiene soporte”.

José Miguel Linares, vicepresidente ejecutivo de la época, actual presidente de Drummond y también investigado por la Fiscalía, declaró un día antes que Jiménez negó tajantemente los señalamientos de Blanco Maya. Álvaro Araújo Castro, exgobernador encargado del Cesar, actual gerente de relaciones con la comunidad de la Drummond y otro de los directivos investigados, contó cómo conoció a Blanco Maya. Señaló que lo conoce desde la infancia y que después se lo encontró cuando se estaba construyendo el puerto por donde la multinacional iba a sacar el carbón. Araújo fue capturado en 2015, pero recobró su libertad. En ese momento entregó una primera versión y el pasado 17 de octubre realizó una ampliación de su testimonio.

“Lo volví (a ver a Blanco) a finales de 1992, cuando se iniciaba la construcción por parte de Odebrecht del puerto para exportación de carbón de la Drummond en Ciénaga, allí me contó que le habían otorgado el contrato de alimentación de los trabajadores que iban a participar de esta construcción (...). Posteriormente, Odebrecht obtuvo de Ferrovías, entidad pública propietaria de la línea férrea que une la costa con el interior del país, un contrato para la rehabilitación de la mencionada línea férrea, y allí vincularon a la empresa de Blanco como contratista de alimentos”, señaló Araújo. Además, negó vínculos con paramilitares (dijo que eran falsos testigos) y con los asesinatos de los sindicalistas.

Jairo de Jesús Charris, jefe de seguridad de ISA, conocido como Viejo Miguel, fue condenado por el asesinato de los sindicalistas y su testimonio, igualmente, fue recogido por la Fiscalía para resolver la situación jurídica de los directivos de la Drummond. Este señaló que, días antes de los asesinatos, el jefe paramilitar alias Tolemaida asistió a una reunión, a la que fue Blanco Maya, en la sede de la empresa, para planear el crimen. La Drummond ha dicho que las declaraciones del Viejo Miguel son falsas y que este intentó extorsionarlos con hacer declaraciones en su contra si no recibía dinero.

Blanco Maya también ha dicho que el exjefe paramilitar John Jairo Esquivel, alias el Tigre (capturado el año pasado en la costa Caribe), lo contactó a mediados de 1995 para que fuera el puente de financiación entre la Drummond y las Auc. Blanco contó que le transmitió el mensaje a James Atkins, el encargado de la seguridad de la Drummond en ese momento, y que este a su vez le llevó el mensaje a Garry Drummond, la cabeza de la compañía en Estados Unidos. Cuando volvió Atkins, relató Blanco, dijo que “al señor Drummond” le gustó la idea. Atkins, quien dejó la Drummond en 2002 para ingresar a la CIA y trabajar con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, hasta donde se sabe vive en territorio estadounidense.

Hasta donde pudo indagar este diario se encuentra en Virginia (Estados Unidos) y tiene una avanzada edad. El exagente de esa agencia de inteligencia estadounidense, quien también jueces y la propia Fiscalía ha pedido que se investigue su papel en estos hechos, es señalado de haberse reunido con Jorge 40. Blanco Maya le contó a la autoridades que lo acompañó a una reunión con el exjefe paramilitar en la Sierra Nevada de Santa Marta en la que, según Blanco, el jefe ’para’ le pidió a Atkins, como agente de la CIA, averiguar si el EE.UU lo estaba pidiendo en extradición por delitos de narcotráfico. En mayo de 2008, 14 paramilitares, entre ellos Jorge 40, fueron extraditados.

Drummond dice que Blanco Maya y Viejo Miguel mienten. Fundamenta su señalamiento en un documento de diciembre de 2015, emitido por David Procter, juez del Distrito Norte de Alabama, en el cual se lee que todos los testigos que declararon contra Drummond en un proceso civil en Estados Unidos recibieron pagos del abogado Terry Collingsworth, director de la organización de derechos humanos International Rights Advocates, la cual representa a víctimas del paramilitarismo: “Después de recibir pagos directa o indirectamente por Collingsworth, tanto Blanco Maya como otros testigos falsos en las cárceles colombianas cambiaron su testimonio y afirmaron que Drummond había hecho pagos a las Auc”.

El juez señaló que no dudaba “en encontrar que hay (al menos) causa probable para creer que Collingsworth, mientras procesaba demandas en nombre de su empresa, se involucró en soborno de testigos y perjurio subordinado”. Con respecto a Blanco Maya, específicamente, la Corte de Alabama determinó que “se negó a firmar su declaración contra Drummond hasta que recibió el pago”. Esta decisión de la justicia estadounidense, conocida por este diario, señala que los paramilitares Samario, Bam-Bam, Halcón, Tigre y Canoso, así como Blanco Maya y el Viejo Miguel, recibieron dineros. Sin embargo, los 10 trabajadores de la Drummond, cuyos testimonios aparecen en el reciente documento de la Fiscalía, no figuran en el documento de la justicia estadounidense.

El abogado Terry Collingsworth le ha dicho a la Fiscalía colombiana que “es falsa la acusación hecha por la Drummond y sus abogados de que soborné a testigos para que cambiaran su testimonio para que dijeran que la empresa financió y colaboró con las Auc. (...) he revelado completamente todos los pagos que hice en el caso Drummond y no hubo pagos hechos por mí ni por mi equipo a ningún testigo. En cambio, en cada caso, proporcioné fondos para permitir que los familiares de un testigo fueran trasladados a un lugar seguro para evitar que fueran heridos o asesinados en represalia por el testimonio rendido con sinceridad y verdad sobre el financiamiento y la colaboración de Drummond con las Auc”.

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