Fiscalía llama a investigación a siete personas por irregularidades en el POT

El ente acusador anunció imputación de cargos a siete personas de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Cauca por irregularidades en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de varios municipios.

Redacción Judicial
03 de mayo de 2018 - 09:06 p. m.
Varias de las irregularidades se habrían presentado en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Huila, Tolima, Santander y Meta. / Archivo El Espectador.
Varias de las irregularidades se habrían presentado en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Huila, Tolima, Santander y Meta. / Archivo El Espectador.

Tras varias investigaciones adelantadas en 93 municipios de 10 departamentos del país como Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Huila, Tolima, Santander, entre otros,  la Fiscalía abrirá investigación formal contra siete personas involucradas en posibles irregularidades en la expedición de licencias de construcción y favorecimientos en la definición de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

La primera investigación se adelanta en el municipio de Cáceres (Antioquia), donde Ubaldo Enrique Pacheco Julio, alcalde del municipio en 2012, solicitó un préstamo de $1.600’000.000, con el objeto de adquirir lotes para la construcción de vivienda de interés social, el cual fue otorgado por el Concejo Municipal.

“Una vez consiguió el crédito en una entidad bancaria, el 16 de septiembre de 2013, el mandatario suscribió un contrato de prestación de servicios con el señor Luis Alberto Mora Rendón, quien en condición de perito establecería el valor comercial de los terrenos”, aseguró Alberto Salas, director contra la corrupción de la Fiscalía.

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De acuerdo con la entidad, la alcaldía de Cáceres habría comprado varios predios con un precio mayor al fijado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, generando un detrimento patrimonial de más de $845 millones. “Los investigadores establecieron que la Alcaldía de Cáceres supuestamente pagó $716’845.672 por un lote ubicado en el corregimiento El jardín, cuyo avalúo real alcanzaba $528’000.000. De otra parte, habría desembolsado $880’000.000 por un predio de la Hacienda Los Nogales, en zona rural del municipio, que según el Instituto Agustín Codazzi tiene un valor de apenas $220’800.000”, detalló la Fiscalía.

Por tal motivo, el ente acusador imputará cargos al exalcalde de este municipio Ubaldo Enrique Pacheco Julio y a Luis Alberto Mora Rendón, quien fue capturado por las autoridades el pasado 29 de abril. Los delitos por los que estarían siendo señalados son peculado por apropiación, prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

El segundo caso tiene que ver con la presunta construcción ilegal en las laderas del humedal Villa Olímpica, en Popayán (Cauca). Este humedal se encuentra protegido con medidas cautelares del Consejo de Estado expedidas en junio de 2011. De acuerdo con la Fiscalía, Norvey Martin Muñoz Orozco, propietario del inmueble construido en las inmediaciones del humedal, no tuvo en cuenta las prohibiciones del alto tribunal y desarrollo un proyecto urbanístico en el sector. Muñoz será investigado por el delito de fraude a resolución judicial.

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La tercera investigación que está en manos de la Fiscalía está relacionada con varias irregularidades en la expedición de licencias de construcción en la vereda Chuntame, del municipio de Cajicá (Cundinamarca). Al parecer, estas licencias se otorgaron sin tener en cuenta las restricciones incluidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio para el año 2015. En este caso fueron llamados a imputación de cargos Leonardo Higuera Espinosa, exsecretario de planeación de Cajicá y la arquitecta Adriana Constanza Ronderos Ronderos, quienes deberán responder por el delito de prevaricato por acción.

Finalmente, la entidad investiga la expedición de una licencia de urbanismo para centro vacacional en el municipio de Apulo (Cundinamarca). Con tal permiso se llevó a cabo la construcción de un centro vacacional. “Dicho acto administrativo que daba aval a las obras fue expedido por el ingeniero Joan Manuel Guevara Uriza, en calidad de secretario de Desarrollo Sostenible Apulo (Cundinamarca); y al parecer, contrariaba el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y el Decreto 097 de 2006”, aseguró la Fiscalía. Por estos hechos serán investigados el exsecretario de Desarrollo Sostenible, Joan Manuel Guevara, y el representante legal de la Comercializadora Agropecuaria Guzerat S.A, José Álvaro Rozo, por el delito de prevaricato por acción.

Por Redacción Judicial

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