Fiscalía llamó a juicio al alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda

El organismo investigativo también acusará al exalcalde de ese municipio, Carlos Eduardo Correa. Ambos son investigados por las irregularidades en la remodelación del Coliseo Miguel Happy Lora.

Marcos Daniel Pineda se declaró inocente de los delitos que le imputó la Fiscalía. Tomada de Twitter.

La Fiscalía General radicó, en el Centro de Servicios Judiciales de Montería (Córdoba), el escrito de acusación en contra de Marcos Daniel Pineda y Carlos Eduardo Correa, alcalde y exalcalde de ese municipio, respectivamente, investigados por las posibles irregularidades en la remodelación del Coliseo Miguel Happy Lora. La fecha de la audiencia aún no se ha fijado. 

Pineda y Correa tendrán que responder por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público. En la audiencia de imputación de cargos, ante un juez de garantías de Bogotá, ambos de declararon inocentes. (Lea: Carlos Correa: "espero demostrar mi transparencia")

Correa, quien se ha desempeñado como consejero presidencial para las regiones, fue señalado de haber firmado el contrato entre la Alcaldía y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social por un valor cercano a los $12.500 millones. El convenio tenía como finalidad el mejoramiento del coliseo para que sirviera de sede en los Juegos Nacionales del 2012. 

El Coliseo, aseguró la Fiscalía en su momento, se entregó “con variaciones sustanciales” frente al proyecto inicialmente acordado. La investigación sostiene que el exalcalde y el actual mandatario no tomaron cartas en el asunto frente a las irregularidades, pues, supuestamente, omitieron sus funciones de control y protección del patrimonio público de los cordobeses. (Le podría interesar: "No se perdió un solo peso": Alto Consejero Presidencial para las Regiones)

Actualmente, Pineda y Correa se encuentran en libertad por orden de la jueza 40 de garantías de Bogotá. El pasado 23 de junio, luego de analizar los argumentos de cada una de las partes, la funcionaria judicial consideró que no existían méritos para emitir una medida de aseguramiento en un centro penitenciario en contra los dos imputados.