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El Espectador tuvo acceso a un documento, con fecha del 19 de febrero de este año, en el que la Policía Judicial -que trabaja para la Corte Suprema de Justicia- le notificó a la Sala Penal que en el análisis hecho a varios numeros telefónicos, en el marco de la investigación que se adelanta contra el representante a la cámara por el Chocó, Nilton Córdoba, se encontraba el celular del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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En tal notificación, dirigida al magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Luis Barceló, se remite el análisis hecho por parte de los investigadores de Policía judicial a los números remitidos por este alto tribunal, además de la identificación de los titulares de dichas líneas, realizado por la compañía telefónica Movistar.
Según se evidencia en los documentos, Movistar hace allegar la información solicitada por los investigadores el 17 de noviembre de 2017, en donde se identificaron como titulares de tres celulares a las siguientes personas: José Humberto Gómez Garro, Álvaro Uribe Vélez y Wilser Darío Molina Molina.
La Corte Suprema de Justicia notificó al expresidente Uribe de esta interceptación “imprevista e inevitable” hasta el pasado 10 de septiembre mediante el oficio 36791. En esa comunicación la Sala Penal le informó que interceptó, sin querer, su número de teléfono en el marco de una investigación que se le adelanta al también congresista Nilton Córdoba por el cartel de la toga. En tal documento, la Corte aclaró que ese abonado telefónico aparecía registrado, de manera reiterada, como dato de contacto del Representante a la Cámara Córdoba y no como el de Uribe Vélez.
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En el auto, la Sala asegura que cuando se advirtió que ese celular no era el de Córdoba, ni aportaba información relevante para la investigación en su contra, se ordenó la cancelación de la interceptación el día 4 de abril de 2018. Sin embargo, el alto tribunal aclaró que, en todo caso, las actividades que se alcanzaron a registrar en dicha interceptación sí resultaban relevantes para el proceso que cursa en contra de Uribe en el radicado 52240 por los delitos de fraude procesal y soborno, por el cual se le abrió investigación formal en su contra y que está relacionado con una supuesta manipulación al testigo Juan Guillermo Monsalve, quién lo ha señalado de tener supuestos nexos con paramilitares.
"A través de una providencia diversa del 4 de abril de 2018, proferida en el radicado 51699, por Secretaría de la Sala y para lo que fuera el caso, se dispuso remitir un ejemplar del informe parcial 11-224772 del 28 de marzo de 2018, contentivo de los resultados de las labores de control y monitoreo telemático relacionadas con el abonado celular (...), junto con los anexos correspondientes. Es preciso resaltar que en el informe referido ni siquiera se especificó la identidad de la persona que empleaba la línea interceptada, en la medida que no resultaba pertinente ni relevante para tal actuación", resalta el documento.