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La Fiscalía impuso medidas cautelares a 19 bienes cuyos propietarios serían desmovilizados de las Farc quienes no habrían reportado sus propiedades, luego de firmar el acuerdo de paz. Se trata de la primera decisión del ente investigador luego de una discusión con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en la que se puso en duda si la entidad dirigida por Néstor Humberto Martínez podía seguir realizando procedimientos de extinción de dominio a bienes que integrantes de la exguerrilla no hubiera reportado como suyas, una regla pactada en el acuerdo de paz.
El ente investigador asegura que los bienes que ocupó valen más de $20 mil millones y, según peritos contables, las propiedades pertenecen a dos grupos familiares que registraron inmuebles y establecimientos en Bogotá, Apulo y Viota (Cundinamarca), Neiva (Huila) y Cali (Valle del Cauca), sin que exista un soporte de la manera en que adquirieron los activos. Además, dice la Fiscalía, los investigadores tienen indicios claves que mostrarían que la obtención de los bienes fue hecha con dinero de origen ilegal.
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“Testimonios y elementos obtenidos en distintas operaciones militares evidenciaron que algunos integrantes de las dos familias investigadas serían testaferros del entonces frente 42 de las Farc, en cabeza de Bernardo Mosquera Machado, alias Negro Antonio; y que los bienes a su nombre, al parecer, fueron comprados con dinero producto de extorsiones y secuestros que esta estructura criminal ejecutó entre 1994 y 2009”, explicó la Fiscalía mediante un comunicado de prensa.
Según el prontuario del Negro Antonio, se trata de un jefe guerrillero que habría comandado durante casi 14 años el frente 42 de las Farc. La Fiscalía asegura que sus andanzas se concentraron en las provincias de Tequendama, Sumapaz y Oriente (Cundinamarca) y sería uno de los responsables de las llamadas pescas milagrosas y “otras actividades criminales que le permitieron acumular gran cantidad de bienes”. Además, el Ejército lo señala de ser el autor del asesinato del japonés Chikao Muramatsu en 2003.
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El Negro Antonio fue capturado en 2009 y ya presentó su carta de compromiso para acceder a la JEP. Según los documentos en los que un juez decretó las medidas cautelares, los bienes son: tres establecimientos comerciales, nueve viviendas y siete fincas que suman 70 hectáreas de tierra. El dinero de estas medidas se destinará a la reparación de las víctimas, así como los $2,4 billones que han sido recuperados en estas mismas circunstancias por la Fiscalía desde 2016.
La pelea por los bienes entre la Fiscalía y la JEP
La Corte Constitucional dirimió, el pasado 28 de marzo, el conflicto de competencias que había entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz por la administración de los bienes de las Farc en proceso de extinción de dominio. Con una decisión unánime, de 9 votos a 0, el alto tribunal declaró que la Fiscalía es el organismo idóneo para adoptar medidas cautelares sobre los bienes que han sido incautados por posible relación con las Farc, es decir, los que la propia exguerrilla no entregó en su inventario.Esta disputa comenzó el 22 de junio del año pasado, cuando la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP solicitó ante la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la cual pertenece al Tribunal Especial de Paz, medidas cautelares sobre el inventario de bienes y activos de la antigua guerrilla. La petición pretendía proteger los bienes relacionados en el inventario que entregaron las Farc el 15 de agosto de 2017 a la ONU
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El fiscal Martínez se opuso a esa pretensión. Replicó que los bienes que la Fiscalía les había quitado al parecer a las Farc, avaluados en unos $2 billones, eran producto del trabajo investigativo de la Fiscalía y que, por ende, debían seguir por el camino de la extinción del dominio. Es decir, un juez debía decretar si efectivamente los bienes eran de la guerrilla y pasar su titularidad al Estado, para que este los administre por medio del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).
La UIA insistió en varias ocasiones que la Fiscalía debía enviarle toda la información que tuviera sobre los bienes de las Farc y que eran ellos los que debían tomar las medidas cautelares para proceder con las tareas de extinción de dominio. El ente investigador se negó a entregarle lo pedido y, ante la resistencia de ambas partes, el 24 de octubre de 2018 el tema llegó a la Corte Constitucional y después de casi cinco meses de estudio del expediente, el alto tribunal dejó en la Fiscalía la potestad de realizar los procedimientos de extinción de domino.
Asimismo, la Corte señaló que los bienes a los que se les extinga el derecho al dominio por relación comprobada con las Farc deben destinarse al Fondo para la Reparación de Víctimas, es decir, no se usarán para sufragar gastos del Estado, como ocurre con los bienes que por ejemplo se le quitan al narcotráfico, y no al Frisco, como lo quería Martínez Neira. La Corte también decidió, en consonancia con lo anterior, dejar sin efecto las solicitudes de la JEP para que se impusieran medidas cautelares a los bienes que habrían pertenecido a la guerrilla desmovilizada después de un proceso de paz con el Gobierno, pero que no reportó.