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Dos son las razones que la Fiscalía General argumentó ante un Juzgado Promiscuo del Circuito de Maicao y ante el Tribunal Superior de La Guajira para pedir el traslado del proceso por corrupción que se adelanta contra la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez. La primera: que un funcionario judicial y varios testigos del caso han sido amenazados. La segunda: que el juicio en contra de la destituida exmandataria regional se desarrolla en el departamento que administró y en el que cuenta con gran respaldo político. El juicio oral de Pinto comienza este miércoles, 23 de agosto, pero, dice la Fiscalía, es demasiado riesgoso realizarlo en Maicao. Por eso pidió que el expediente fuera trasladado a otra zona del país.
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El Juzgado de Maicao aceptó la solicitud. No obstante, en segunda instancia, el Tribunal la negó. En consecuencia, la diligencia judicial se llevará a cabo en Maicao, lugar que fue el trampolín político de Pinto como concejal a comienzos de la década pasada, hasta que llegó a ser una aliada de Juan Francisco Kiko Gómez, quien resultó condenado a 55 años de prisión por homicidio. Incluso, la defensa de la exgobernadora, encabezada por Antonio Luis González, el fiscal del sonado Caso Colmenares, que llevó a juicio a Laura Moreno y Jessy Quintero, le pidió al mismo tribunal que anulara el caso. La decisión está pendiente aún.
Pinto es procesada por las supuestas irregularidades que habrían rodeado la firma en 2011 de dos convenios interadministrativos y una adición por $18.600 millones suscritos con el hospital San Rafael de Albania, pueblo del que ella era alcaldesa en ese momento. El propósito de invertir así los recursos públicos era reducir la mortalidad infantil del municipio. Para el organismo investigativo, Pinto usó ese dinero como plataforma política: 1.600 personas fueron contratadas a pesar de que no tenían el perfil para el trabajo. Por ejemplo, albañiles y mecánicos resultaron con contratos para dictar charlas a madres gestantes o lactantes a cambio de $1’200.000.
Todos, eso sí, podían votar, y Pinto, entonces integrante de Cambio Radical, renunció a la Alcaldía de Albania para aspirar a la Gobernación de La Guajira, cargo que obtuvo en 2015 con más de 182.000 sufragios, la mayor votación conseguida por cualquier candidato en esa región. Su elección, sin embargo, pronto fue demandada ante el Consejo de Estado, argumentando que se había lanzado a la Gobernación inhabilitada por no haberse retirado de la Alcaldía de Albania dentro del tiempo que ordena la ley: 12 meses antes. A mediados de 2016, el Consejo de Estado le dio la razón a la demanda y obligó a Pinto a salir de la Gobernación.
En su reemplazo asumió transitoriamente el entonces superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, hoy director de Cambio Radical. Pinto también resultó investigada porque, supuestamente, lo amenazó.
Otro de los implicados en el proceso en su contra es su antecesor y sucesor en la Alcaldía de Albania. Se trata de Yan Keller Hernández, exconductor y exescolta de la investigada líder política y quien, según la Fiscalía, también recibió amenazas. Su testimonio sería clave para esclarecer si hubo participación de políticos en las irregularidades en contratos destinados a la atención en salud y alimentación de niños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en esa región del país. Para la Fiscalía, “no existe la menor duda” de que Oneida Pinto gobernó en “cuerpo ajeno” mientras Hernández, su hombre de confianza, fue alcalde.
La petición de la Fiscalía para que el proceso sea trasladado tiene un precedente en esa misma región del país. En 2014, la Corte Suprema pidió que fuera un juez de Bogotá el encargado de adelantar las diligencias judiciales contra el exgobernador de La Guajira Francisco Kiko Gómez Cerchar. Respecto al caso de Pinto, la Fiscalía señaló que el exmandatario regional, condenado por los asesinatos de la exalcaldesa de Barrancas Yandra Brito; su esposo, Henry Ustaris Guerra, y el escolta Wilfrido Fonseca, tiene mucho que ver con el poder político que ostenta Oneida Pinto en La Guajira. El ente investigador denominó la relación entre los dos exgobernadores como “estrecha”. Poder que, según la Fiscalía, habría permeado los medios de comunicación de la región.
La Fiscalía dice que el poder de Pinto en Albania se pudo evidenciar en marzo pasado. Cuando se dictó medida de aseguramiento en su contra, una emisora de radio de ese municipio aseguró que las acciones de las autoridades eran parte de una persecución política. Los medios de comunicación “se han encargado de amedrentar y desinformar a la ciudadanía con el único propósito de proteger intereses políticos”. El ente investigador aseguró que este ambiente puede terminar entorpeciendo el proceso y recordó que en enero pasado sus instalaciones en Riohacha, capital de La Guajira, sufrieron una asonada cuando el alcalde de ese municipio, Fabio Velásquez Rivadeneira, fue capturado por presuntos hechos de corrupción.