Fiscalía pide condena para Andrés Jaramillo por "carrusel de contratación"

El expresidente de Conalvías, según la Fisalía, sería responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Se le señala de estar detrás de los dineros públicos que se habrían perdido en la construcción de la Fase III de Transmilenio.

Andrés Jaramillo siempre ha alegado ser inocente en este caso.Archivo El Espectador

La Fiscalía pidió condenar al expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo, por su presunto rol en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. El ente investigador asegura que hay mérito para declarar culpable al empresario por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y cohecho para dar u ofrecer.

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El lío tiene que ver con los dineros públicos que se habrían perdido en la construcción de la Fase III de Transmilenio. Según el ente investigador en la acusación, Jaramillo “acordó y obtuvo comisiones ilícitas, por la adjudicación, adición y cesión de los contratos públicos considerados como estratégicos, tras la alianza con funcionarios del IDU, y con contratistas particulares favorecidos, como los miembros del Grupo Nule y Andrés Jaramillo López”.

El fiscal del caso dijo en la audiencia de alegatos finales de este martes que Jaramillo habría actuado de la mano de Javier Mejía, gerente de Patria S.A., empresa de cuya junta directiva hacía parte Jaramillo y a la cual se le adjudicó el contrato. Jaramillo "dio instrucciones a Mejía Bernal para que asistiera a varias reuniones en las que se manifestó la intención de Jaramillo de aportar recursos a las campañas de concejales en tanto le fuera adjudicado el contrato” en cuestión. De las reuniones, según hizo saber el funcionario, habría pruebas testimoniales y documentos que señalarían la responsabilidad de Jaramillo de interés indebido en la celebración de contratos.  

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El fiscal delegado señaló que la adjudicación de los contratos se hizo sin el visto bueno de la interventoría externa contratada por el IDU y lo previsto en el Manual de Interventoría de la misma entidad, para lo cual fue dada una comisión del seis por ciento del valor de la adición, a los funcionarios con la intermediación de concejales y otros servidores públicos.