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Para la Fiscalía, los avances en caso Interbolsa no son del todo claros, pues desde hace cuatro años, desde que se imputó a los presuntos responsables de esta debacle financiera, no se ha avizorado el inicio del juicio. Motivos que llevaron a que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pida considerar la posibilidad de designar jueces con “dedicación exclusiva” o adoptar medidas para que este proceso penal no termine en absoluciones. (En contexto: Interbolsa, la historia de un desplome)
Esta solicitud fue hecha, el pasado 17 de enero, a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Lucía Olano. En la carta, de tres páginas, Martínez manifestó que estos hechos datan de 2012, se les imputó cargos en junio de 2013 y se radicó el escrito de acusación nueve meses después. Es decir, desde hace más de tres años. Sin embargo, el ente investigativo sostiene que “no es posible hacer un pronóstico claro respecto a la época en que culminará ese juicio, ya que hace cuatro años después de haberse formulado imputación, continuamos en audiencia preparatoria, sin que se avizore la iniciación de un juicio oral”.
El ente investigativo explica que las dilaciones (retrasos) no solo tiene que ver con las actuaciones de los sujetos que están siendo investigados y la evidente complejidad del caso, sino que el proceso se está tramitando ante un juez que debe atender la carga ordinaria de trabajo, es decir, otros procesos penales. Condiciones que, según la Fiscalía, “favorece la estrategia de la defensa (de los investigados), pues ante la continua reprogramación de las audiencias por aplazamientos, inasistencias, etcétera, solo pueden programarse semanas o meses después”. (Lea: Cinco años del descalabro de Interbolsa)
En la misiva, la Fiscalía consiga algunos hechos que han retrasado este caso. Por ejemplo, dice que el paro judicial a finales de 2014 implicó una demora de tres meses; los defensores de algunos de los investigados han solicitado conexidad procesal en dos oportunidades, lo cual implicó una demora de seis meses; en agosto de 2016 la defensa manifestó falta de tiempo para recaudar las pruebas de inocencia; errores judiciales, entre otras consideraciones. Además, la defensa ha pedido al juez incorporar 1347 pruebas y la declaración 625 testigos en el juicio.
“Así las cosas, en garantía de los derechos de las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación en los graves actos defraudatorios que se investigan, y de los propios acusados a que se resuelvan sus casos en un plazo razonable, me veo en la obligación de renovar nuestras solicitudes del 23 de diciembre de 2016 y del 23 de enero de 2017, en el sentido de se considere la posibilidad de designar un juez y magistrados con dedicación exclusiva para atender este proceso, o que adopte cualquiera de las medidas a disposición de esa Corporación, para evitar que los esfuerzos de la administración de justicia en su conjunto, no culminen en fallos absolutorios por la inminente prescripción de la acción penal”, le dijo Martínez en la carta a Noguera.
Por estos hechos, la Fiscalía investiga al inversionista italiano Alessandro Corridori; el presidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo; el director del Comité de Riesgos de la misma, Javier Tomás Villadiego Cortina; el presidente de la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa –SAI–, Jorge Mauricio Infante; la comisionista Claudia Jaramillo Palacios; la inversionista María Eugenia Jaramillo Palacios; el representante legal de P&P Investment, Carlos Arturo Neira Llache, y los hermanos Eduardo Adolfo y Luz Andrea Colmenares Pedreros, representantes de la clínica La Candelaria. (Lea: Interbolsa ya prendió motores)