Fiscalía pide que 'Jorge 40' sea excluido de Justicia y Paz

La exigencia se da porque el exparamilitar no ha colaborado en el esclarecimiento de la verdad.

Archivo El Espectador

Frente al escenario que el país deberá enfrentar en junio, cuando alrededor de 268 desmovilizados de los paramilitares recuperen su libertad por la pena cumplida de ocho años establecida en la Ley de Justicia y Paz, el fiscal General, Eduardo Montealegre, anunció este viernes que la “Fiscalía decidió apoyar solamente las libertades provisionales en aquellos casos en que esté demostrado que han contribuido a la verdad, han contribuido a la reparación y, además, no han vuelto a delinquir”.

Por lo que Montealegre señaló que en este contexto, Rodrigo Tobar Pupo, alias ‘Jorge 40’, excomandante paramilitar extraditado en los Estados Unidos, debe ser excluido de Justicia y Paz porque no se ha contado con su colaboración en la justicia”. Por lo tanto, explicó el fiscal que “ya no tendrá una pena alternativa de ocho años, si no que se va a exponer a las penas normales de delitos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que son delitos que tienen más de 40 años de prisión y son delitos imprescriptibles”.

También se anunció que la Fiscalía “adoptó una línea de interpretación frente a los que han sido extraditados”, en la que se consideró que el tiempo de privación de la libertad de ocho años debe pagarse en Colombia y no se tendrá en cuenta el tiempo de pena cumplida en Estados Unidos. “No se van a apoyar solicitudes de excarcelación por pena cumplida de los extraditables por el tiempo que han durado en los Estados Unidos, porque se exige que sea en Colombia” puntualizó Montealegre. El fiscal añadió que “la extradición para ellos se produjo por delitos de narcotráfico y no por delitos relacionados con el conflicto”.

El jefe del ente investigador recordó que se ha “empezado a revisar nuevamente y de manera minuciosa la situación de todos los desmovilizados que tienen solicitud de libertad para solicitar más exclusiones” y no favorecer a quienes no haya contribuido con el esclarecimiento de la verdad.

También agregó que en una reunión entre la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y los magistrados de Justicia y Paz se decidió “que los casos que han sido priorizados por la Fiscalía, que son 16 para los jefes máximos de los paramilitares y que además abarcan los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos, también tendrán prevalencia para los jueces”. Lo anterior con el fin de dictar las 16 grandes sentencias antes del vencimiento términos de la privación de la libertad.

Finalmente, Montealegre expresó que existe la posibilidad de solicitarle al gobierno la creación de más magistrados de Justicia y Paz para hacer un plan de contingencia y la creación de jueces de seguimiento a las personas que obtendrán la libertad “porque como será condicional, pues ellos no pueden volver a delinquir y deberán realizar programas de resocialización”.

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