Fiscalía pidió ante un juzgado medidas cautelares en caso Hidroituango

La solicitud la hizo un fiscal delegado ante el Juzgado 75 Penal con función de Garantías de Bogotá, alegando que “hay un riesgo inminente que puede afectar la población”.

La petición se da para frenar el daño ambiental que habría producido la construcción de la represa.AFP

Ante el Juzgado 75 Penal de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía General solicitó que se otorguen cinco medidas cautelares para proteger a la población y al medio ambiente en cercanías del proyecto de Hidroituango, en Antioquia. La petición se realizó en audiencia pública en contra de EPM para proteger la salud y la integridad de las personas de la región, como una medida de control.

"Eso ha sido verificado por académicos y por estudios que ya voy a aportar. Eso no significa como dice popularmente la gente en la calle que la presa se va a caer o que colapsó. No, hay un riesgo inminente que puede afectar la población”, explicó el fiscal delegado en la audiencia, según señaló Noticias Caracol.

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¿Cuáles son las medidas? La primera consiste en implementar de manera urgente e inmediata un plan de choque para la recolección del buchón de agua o las macrofitas presentes sobre el cauce del Río Cauca.  Según la Fiscalía, sobre el río Cauca, a la altura de Sabanalarga (Antioquia), los investigadores constataron la invasión acelerada de buchón, una planta acuática que crece en zonas en las que el agua se empoza y un manto que bloquea los rayos del sol.

La segunda medida cautelar que se pidió es un cierre técnico, urgente de la planta de asfalto ubicada en la vía que de Toledo conduce a Puerto Valdivia en Antioquia, sobre la ronda del río San Andrés, uno de los afluentes que nutre al Río Cauca. Así la recolección y la disposición inmediata y técnica de los residuos material carburado del petróleo y otros elementos peligrosos dispersos indiscriminadamente, provenientes de los trabajos de obra civil para la hidroeléctrica.

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La tercera medida cautelar es la estabilización urgente e inmediata de taludes y manejos de aguas superficies en la escombrera de El Higuerón, ubicado entre Puerto Valdivia y la hidroeléctrica. Así como el cumplimiento de las normas técnicas de cierre y abandono establecidas por la autoridad ambiental. La razón es que se encontraron de 2,5 a 3 millones de toneladas de residuos sólidos, aproximadamente.

En este punto quedó incluída la recolección de todos los residuos de la construcción de la represa por el bien de la salud de los habitantes de los poblaciones de Buriticá y Sabanalarga, ya que en 2010 había cero casos de leishmaniasis y en el 2018 fueron reportados 85. La razón que interpuso la Fiscalía es que, ante la descomposición de material vegetal y las condiciones climáticas de la zona, se crean condiciones para que se transmita esa enfermedad. 

Una de las abogadas que representa a las organizaciones aseguró en la audiencia que habría un subregistro de la enfermedad en Sabanalarga pues -según su documentación- en 2017 se presentaron 75 casos, en 2018 un total de 62 y 39 en este 2019, incluyendo cinco muertes.

La cuarta medida cautelar busca mitigar los efectos adversos sobre las poblaciones de Ituango, Puerto Valdivia, Briceño, Cáceres, Taraza, Caucasia y demás municipios que sustentan la pesca y sustento diario de esta cuenca. De acuerdo con la Fiscalía, la presencia de buchón y los otros riesgos están reteniendo “la riqueza biológica y de minerales del Río Cauca en la parte sur del proyecto Hidroituango, es decir, antes de la presa”.

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“De esta manera, el agua que pasa por la represa es filtrada y por ello fluye hacia las poblaciones del norte con las consecuencias que ello tiene con respecto a la sostenibilidad del río frente a la biodiversidad de peces y capacidad de sostenimiento de los ciclos biológicos productivos del cuerpo de agua”, señaló la Fiscalía en un comunicado en abril pasado.

Los expertos encontraron que esta situación afecta a la población de peces, en calidad, tamaño, carne y en su misma reproducción. Aspecto que golpea la seguridad alimentaria y la principal actividad económica de los pobladores del Río Cauca. Y la quinta medida cautelar tiene que ver con el derecho a la información de los habitantes de la región para que las presuntas víctimas en este caso tengan acceso efectivo de la situación del proyecto hidroituango.

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Las medidas cautelares fueron apoyadas por la Procuraduría General. Sobre este último punto, la comunidad solicitó que se explique si se puede pescar en las aguas del embalse ya que EPM habría dicho que no se puede en los próximos cuatro años y la Fiscalía deberá precisar este punto en la continuación de la audiencia este martes.