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La Fiscalía General solicitó formalmente cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta, Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Díaz Rodríguez en el marco del proceso que se adelanta por presuntamente haber solicitado sobornos para favorecer a integrantes de bandas criminales y exparamilitares en procesos penales.
En la petición presentada ante el magistrado Fernando Pareja de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta se manifiesta que la medida es necesaria puesto que los ahora procesados pueden afectar la investigación mediante la manipulación y alteración de pruebas, así como su inasistencia a las citaciones de las autoridades judiciales.
En este último punto consideró que el riesgo de fuga es posible puesto que los magistrados cuentan con los recursos económicos para salir del país. Igualmente, debido a la gravedad de los hechos investigados representan un peligro para la sociedad. (Ver: Con mujeres, licor y $3.000 millones "compraron" a magistrados del Tribunal del Meta)
La delegada del ente investigador aseguró que los magistrados montaron una “empresa criminal” dirigida a otorgar beneficios judiciales a cambio de altas sumas de dinero. “Es un actuar reprochable”, señaló en su solicitud para que sean enviados a un centro carcelario. “Hay necesidad y urgencia de la medida”.
En su extensa intervención, la fiscal del caso aseguró que con su actuar beneficiaron a peligrosos delincuentes. “Se pretende evitar que se siga con las actividades delictivas y que cumplan con la pena, que sería alta. Existe evidencia para inferir de los tres implicados su conducta delictiva”.
Las pruebas
En el desarrollo de la diligencia judicial, la Fiscalía General presentó elementos materiales probatorios como interceptaciones telefónicas en las cuales los procesados manifestaban la necesidad de entregar los sobornos a los magistrados para que los favorecieran con decisiones judiciales. Igualmente, se citaron varios testimonios de procesados que recibieron la oferta para entregar altas sumas de dinero si querían que sus pretensiones se resolvieran.
La delegada del ente investigador sostiene que los magistrados beneficiaron igualmente a integrantes de la organización comandanda por alias 'Pijarvey'. El delegado del ente investigador citó la detención domiciliaria que se le otorgó a alias 'Farid' pese a su condena de 30 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir.
Aprovechando un descuido de las autoridades carcelarias, 'Farid' se fugó de su residencia y actualmente es prófugo de la justicia. Los magistrados también beneficiaron a 'Cesarín' y 'Sofia', considerados por las autoridades como jefes de organizaciones delincuenciales en Villavicencio y otros municipios del Meta.
Los magistrados -según las pruebas reveladas- fijaron una promesa de pago de 3.000 millones de pesos con el fin de entregar estos beneficios judiciales. Cuota que muchas veces recibían por parte de los interesados, que con el único fin de recuperar su libertad o ser absueltos se comprometían a consentir a los magistrados con todo lo que ellos quisieran.
Por estos hechos les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar u ofrecer y prevaricato por acción. Los magistrados se declararon inocentes.