Fiscalía pidió prisión preventiva para tres capturados en predios del exembajador Sanclemente

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El ente investigador dice que estas personas (entre ellos dos administradores de la finca) representaban un peligro para la sociedad, pues su actividad delictiva pone en riesgo la salud pública. El abogado defensor solicitó prisión domiciliaria de los procesados teniendo en cuenta la situación de pandemia que atraviesa el país.

La Fiscalía pidió prisión preventiva para tres hombres que fueron capturados en distintos municipios de Cundinamarca el pasado 1 de julio y que habrían trabajado en la finca del exembajador Fernando Sanclemente en una finca en Guasca. El exdiplomático del gobierno de Iván Duque se encuentra vinculado a una investigación penal luego de que en febrero de 2020 fuera encontrado en una finca de su propiedad, en ese municipio, un laboratorio de procesamiento de cocaína.

Se trata de Laureano Martínez Cortés, Gustavo Enrique Bejarano Romero y Alex Pinto, los dos primeros administradores del lugar y el tercero señalado de esconder la droga para, después, despacharla en camiones. En la audiencia de legalización de captura, la Fiscalía les imputó los delitos de tráfico de estupefacientes y tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos. Los acusados no aceptaron los cargos.

Según la fiscal del caso “estas personas constituyen un peligro para la sociedad puesto que cometen delitos graves ya que conforman una cadena de narcotráfico (…) La Fiscalía solicita prisión preventiva para combatir la delincuencia organizada y proteger a la comunidad el derecho de salud pública, teniendo en cuenta que cuando se logra poner en el mercado el producto final, este afecta a familias enteras. Esto constituye un proceso de inseguridad y deterioro social, siendo la cocaína un estupefaciente que genera dependencia, altera el sistema nervioso y lo destruye”.

En la audiencia virtual, que se llevó a cabo en la mañana de este jueves 2 de julio, el ente investigador determinó, según evidencias encontradas en el lugar de allanamiento, que estas personas trabajaban para tres grupos delincuenciales y que, de estar libres, podrían seguir realizando esta actividad punible, pues ellos tienen comunicación y relación directa con los cabecillas de las organizaciones para quienes trabajan.

El abogado defensor, por su parte, solicitó que se les concediera la detención en su lugar de domicilio, argumentando que “toda persona tiene derecho a que se le presuma inocente, el Código Penal nos habla de garantías procesales como es la dignidad humana y el debido proceso. En este caso, debemos analizar criterios como falta de antecedentes penales. Sobre que representan un peligro para la comunidad, ellos no han cometido ni homicidio, ni extorsión, ni lavado de activo, ni se estaba haciendo uso de armas, que son algunos de los criterios establecidos por el legislador para coartar la libertad en un centro carcelario”.

Además, recordó que por motivo de la pandemia, se busca descongestionar las cárceles y es un riesgo que personas externas ingresen a estos establecimientos por lo que consideró contradictorio que se solicite esta medida en un proceso en el que se tiene material probatorio “incipiente” para determinar el actuar de estas personas. Agregó que una medida intramural, en etapa de investigación, vulneraría el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad humana, a las garantías y a la presunción de inocencia de los procesados para que no se exceda la medida.

Así las cosas, el ente investigador determinó solicitar la medida de aseguramiento en centro carcelario de estas personas en la reciente diligencia en la que expuso el material probatorio en el que basa su solicitud. Por ello, reveló una serie de audios que involucran a los capturados y que demostrarían que la actividad delictiva no es reciente, sino una conducta que se ha realizado durante un tiempo considerable.

“Alexander comenta a Laureano que les ‘cayeron’ que se les ‘metieron’ por el monte, que está por el lado de Turquitales. Alexander comenta a Laureano que la Policía les llegó, se denota que está persona está asustado y pareciera que se va corriendo, por lo cual se infiere que se encontraba en laboratorio clandestino y huyó del lugar”, expuso la Fiscalía en un audio del 12 de febrero de 2020.

En otra de las comunicaciones interceptadas ese mismo día, Miguel pregunta al parecer por un carro de color rojo y le avisa a Laureano que se les metieron: “Miguel Antonio Gómez Piñero pregunta a Laureano que dónde está que se les ‘entraron’ y que dónde está el rojito de él. Laureano dice que si cogieron a alguno y que el ‘rojo’ está en el pueblo, que no hay problema, que él ya se voló”.

Tras conocer los argumentos de las partes, la juez decidió que tomará la decisión respecto a la solicitud de la Fiscalía el próximo lunes a las 6 de la mañana. En febrero de este año, durante el allanamiento a la finca de exdiplomático Sanclemente fueron incautadas siete toneladas de insumos químicos, cerca de diez kilos de cocaína procesada y fueron capturadas cinco personas, las cuales ya aceptaron cargos pero no colaboraron con información en medio de la investigación.

De acuerdo con los investigadores del caso, el lugar estaba bien oculto entre varios árboles y, para su hallazgo, fue clave la ayuda de autoridades estadounidenses en cabeza del Homeland Security Investigations (HSI) y el el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés). Sus investigaciones y operaciones en el país les permitió identificar a una banda de narcotráfico localizada entre Cundinamarca y Boyacá.

Además, encontraron microondas, centrifugadoras, prensadoras, moldes y demás artículos propios de un laboratorio. Además, la Fiscalía asegura que a Pablo Castillo, uno de los cinco capturados ese días, le encontraron una arma, sin que pudiera presentar el permiso para tenerla. Por eso, el ente investigador le imputó el cargo de porte ilegal de armas de fuego. Durante el operativo, cuando la Policía procedió a incinerar el centro de procesamiento de drogas, el fuego se salió de control y consumió un bosque aledaño.

Por causa de este proceso, el pasado 8 de junio, la Fiscalía General de la Nación impuso extinción de dominio a varios predios y vehículos del Sanclemente afectados en dicha diligencia, que tienen un valor comercial de $150.000 millones y fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Sobre una eventual imputación de cargos contra Sanclemente, la vicefiscal señaló que un fiscal delegado ante la Corte Suprema está aún recogiendo toda la información del caso.

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