Fiscalía, preocupada por impunidad

Ponencia que reglamenta fuero militar y directiva del fiscal Eduardo Montealegre fijan posición para que falsos positivos sean de competencia de la justicia ordinaria.

La ponencia para primer debate sobre el proyecto que busca reglamentar la reforma que amplía el fuero militar se conoció esta semana. El documento responde a la preocupación que suscitó que los falsos positivos terminen juzgados bajo la perspectiva de la justicia militar.

La idea que plantea la reglamentación que será debatido en el Congreso es adicionar un artículo que establezca qué es una ejecución extrajudicial, es decir que se tipifique en el Código Penal y quede claro que debe ir a la Justicia Ordinaria y no a la Justicia Penal Militar, ya que la muerte de personas fuera del conflicto armado (que fueron vestidos de camuflado y presentados como bajas) de ningún modo se trata de un acto de servicio.
Además, se busca concretar que los responsables de estos delitos paguen penas que irán de los 30 a 50 años y multas superiores a los $5.000 millones, de acuerdo a lo que ha dicho el ponente el senador Juan Manuel Galán.

A este debate que prende motores en el Congreso sobre la reglamentación de la reforma que amplía el fuero militar, con duras posiciones encontradas, se le sumó la directiva de 20 páginas que tendría lista el fiscal general Eduardo Montealegre que señala las pautas que deberían regir para la iniciativa. La principal preocupación de quienes siguen oponiéndose a esta reforma es que así como quedó redactada sirva para que haya impunidad en cientos de procesos que lleva la justicia ordinaria por los mal llamados falsos positivos, que pasarían a la competencia de la justicia castrense y se juzgarían bajo esta perspectiva.

Por esto, y ante las críticas de defensores de derechos humanos internacionales y nacionales, se conoció la posición que fijaría la Fiscalía: no puede existir un traslado automático de todos los procesos de la justicia ordinaria a la militar, sino que el fiscal general estudiaría caso por caso y solamente enviaría aquellos en los cuales exista verdaderamente la competencia de la justicia penal militar. También, todos los procesos por falsos positivos se quedarían en la justicia ordinaria, y no todos los delitos en el contexto del conflicto armado serían de la justicia penal militar. Además, los crímenes graves y de lesa humanidad no serán revisados por la justicia militar y en este caso habrá independencia de la Fiscalía.

Los defensores de la reforma al fuero militar dicen, en cambio, que los falsos positivos quedarían incluidos en la lista cerrada y específica de siete figuras que menciona la iniciativa: delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento forzado. Sin embargo, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, explicó en su momento que las ejecuciones extrajudiciales, y la violencia sexual no están tipificadas como delito en el Código Penal Colombiano ni en la justicia internacional.

Esto significaría que la sola mención de estos casos son un saludo a la bandera. Vivanco fue claro en decir que si de verdad la iniciativa contemplara excluir los falsos positivos de la competencia de los tribunales militares esta lista de siete figuras no debió ser taxativa sino ilustrativa y tuvo que mencionar expresamente los delitos por los que hoy están condenados uniformados que cometieron estos hechos: homicidio en persona protegida, homicidio agravado o acceso carnal violento. “Es un engaño a la opinión pública, porque dice: quédense tranquilos que los falsos positivos van a seguir en manos de la justicia ordinaria, pero las ejecuciones extrajudiciales no existen como delito en el mundo judicial”, advirtió en su momento Vivanco.