Fiscalía presentó proyecto para adoptar código de extinción de dominio

La figura de la extinción de dominio surgió en 1996 como un mecanismo encaminado a desposeer a los grandes capos de sus emporios económicos.

El Fiscal General de la Nación presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual se busca la adopción del Código Colombiano de Extinción de Dominio.

La figura de la extinción de dominio surgió en 1996 como un mecanismo encaminado a desposeer a los grandes capos de sus cuantiosos emporios económicos obtenidos por sus actividades delincuenciales (generalmente relacionadas con el narcotráfico).

Sin embargo, en la actualidad un proceso de extinción de dominio en todas sus etapas tiene una duración aproximada a los siete años, razón por la cual se hizo necesario pensar en la adopción de medidas legislativas que permitan dinamizarlo, potencializarlo y además descongestionar los despachos judiciales que conocen su trámite.

El proyecto, propone condensar toda la regulación de la acción de extinción de dominio en una sola norma.

Así mismo busca que haya algunos cambios en el procedimiento como es la eliminación de la segunda instancia en la etapa de investigación y un control judicial posterior los actos de investigación adelantados por la Fiscalía.

Ambos aspectos, hacen que el proceso de extinción de dominio se acerque en sus características al proceso penal de corte acusatorio que actualmente rige en el país. Sin embargo, se siguen manteniendo las formas escritas y las notificaciones personales de las decisiones de mayor importancia.

Otra medida para agilizar la extinción de dominio, en esta ocasión de carácter sustancial, consiste en establecer como causal de procedencia la de no justificar el origen lícito de los bienes perseguidos en el proceso.

Esta causal existía en el ordenamiento jurídico pero había desaparecido en virtud de la reforma realizada por la ley 1453 del 2011.

La iniciativa también contempla la creación de jueces especializados en extinción de dominio, así como la ampliación del número de fiscales e investigadores para conocer del ejercicio de la acción.

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