Fiscalía procesará a tres magistrados del Tribunal Superior de Meta por corrupción

El organismo investigador expidió 24 órdenes de captura en contra de funcionarios judiciales en el departamento del Meta, por presunto favorecimiento en rebaja de penas para condenados.

El 10 de julio próximo, la Fiscalía le solicitará al Tribunal Superior de Bogotá que les imponga medida de aseguramiento a los magistrados.Pixabay.

A través de la operación ‘Caballistas’ investigadores de la Fiscalía habrían descubierto una presunta red dedicada a favorecer delincuentes condenados. La organización estaría compuesta por jueces de garantías, funcionarios del Inpec, abogados, asistentes de juzgados, entre otros.

De acuerdo con el organismo investigador se realizará imputación de cargos en contra tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Meta. Así como la expedición de 24 órdenes de captura, seis a jueces de garantías.

Según el proceso “las decisiones hacen parte de la investigación contra una empresa criminal, de la que al parecer formaban parte servidores judiciales y abogados litigantes, que delinquía desde el año 2013 en los distritos judiciales de Meta y de Cundinamarca”.

En la investigación se hace referencia a las sustituciones que habrían efectuado los funcionarios cuestionados quienes supuestamente cambiaron medidas de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias.

En audiencia de imputación, programada para el 10 de julio próximo, la Fiscalía le solicitará al Tribunal Superior de Bogotá que les imponga medida de aseguramiento a los magistrados Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño.

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Estos funcionarios junto con las otras 24 personas deberán comparecer como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer, y prevaricato por acción en concurso homogéneo.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira manifestó que “la corrupción constituye una amenaza institucional intolerable y mucho más cuando se trata de la administración de justicia. Si la sal se corrompe será imposible extirpar este cáncer social”.