Fiscalía ratificó acusación contra exoficial de la Armada por masacre de Chengue

En 2011, la masacre fue catalogada como crimen de lesa humanidad. / El Espectador.

La Fiscalía Delegada ante Tribunal Superior de Bogotá acaba de ratificar su acusación en contra del oficial de la Armada, Camilo Martínez Moreno, quien es investigado por su responsabilidad en la masacre de Chengue, municipio de Ovejas (Sucre) ocurrida el 17 de enero de 2001. La Fiscalía acusa al exuniformado como coautor del delito de concierto para delinquir agravado al haber promovido el bloque paramilitar Héroes de Montes de María. A su vez, Martínez, quien se encuentra prófugo de la justicia, es señalado de ser autor por omisión de homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado.

En diciembre de 2017, en primera instancia, una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos había decidido acusar al exmiembro de la Armada por su presunta responsabilidad en los hechos que desacedaron la muerte de 29 personas en zona rural del municipio sucreño. En su momento, el ente investigador señaló que “(fueron) vilmente masacradas en la plaza del pueblo, concomitantemente algunos hombres de la agrupación saquearon, incendiaron las humildes viviendas donde moraban esas personas y otras tantas, marcadas con aerosol, con leyendas alusivas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.

Posteriormente, la decisión fue apelada por la defensa del exoficial, argumentando que no hay suficientes pruebas que permitan comprometer a su defendido con el grupo de paramilitares que perpetraron la masacre. Estos argumentos no fueron tenidos en cuenta por la Fiscalía Delegada ante Tribunal y, con esto, dejó en firme la acusación en contra de Martínez.

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Esta masacre ocurrió en el contexto de otras en la región como la de El Salado (febrero del 2000) y Macayepo (octubre de 2000), en las que se han visto investigados integrantes del Ejército, la Armada y las AUC. Durante 1997 y 2003, según cifras de Verdadabierta.com, ocurrieron otras 53 masacres en Colombia, las cuales hicieron parte de la estrategia paramilitar de disputa territorial con las guerrillas.

En septiembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Sucre condenó al Estado por estos hechos y ordenó una indemnización de 3.500 millones de pesos para los familiares de las víctimas. En el fallo, los magistrados consideraron que la Policía y la Armada tenían conocimiento de la presencia de los paramilitares cerca del lugar de la masacre, pero que no actuaron para evitar que ingresaran al corregimiento de Ovejas y mataran a los campesinos.

Ese mismo año del pronunciamiento del tribunal, la Fiscalía declaró la masacre como un crimen de lesa humanidad. “Esos hechos hicieron parte de un ataque sistemático contra la población civil de esa región, en desarrollo de la denominada Operación Rastrillo, la cual también contempló las masacres de El Salado y Macayepo”.

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El jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, quien presuntamente desapareció en el 2005 en medio de la desmovilización de los grupos paramilitares, fue acusado por estos hechos como persona ausente por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, hurto calificado agravado, incendio y desplazamiento forzado. Por estos mismos hechos, en Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino; Yairsiño Enrique Meza Mercado, alias el Gato; Pedro Segundo Valencia Gómez, alias Verrugita, y Óscar David Villadiego Tordecilla, alias Never aceptaron su responsabilidad y se sometieron a sentencia anticipada.