Fiscalía reacciona en caso Saludcoop

El ente investigador llamó a interrogatorio a nueve exdirectivos de la firma, al parecer implicados en cobros irregulares al Fosyga.

Carlos Palacino, exjefe de Saludcoop, es investigado por el descalabro de esta EPS. / Archivo

Mientras se agudiza cada día la batalla campal que sostienen el fiscal general, Eduardo Montealegre, y la contralora, Sandra Morelli, a quien le imputarán cargos por irregularidades en contratos de arrendamientos de la sede de la entidad, la Fiscalía hizo un sorpresivo anuncio en relación con el caso que generó la confrontación entre las dos figuras públicas. El ente investigador llamó a interrogatorio a nueve exdirectivos de Saludcoop para que expliquen si tuvieron alguna participación en el recobro irregular de más de 10.000 facturas ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), el cual habría ocasionado un desfalco de más de $27.000 millones a la salud pública.

Entre los llamados a rendir interrogatorio están el expresidente de Saludcoop Carlos Palacino, el exvicepresidente financiero Javier Mauricio Calle, la exdirectora nacional de contabilidad Íngrid Johanna Pinto Gutiérrez, la exdirectora nacional de tesorería Olga Lucía Mercado Donato y los excoordinadores de la tesorería Ángela Andrea Guarnizo Ladino, Ivonne Milena Rincón Munza, Íngrid Castro Hinestroza, Martha Esperanza Bermúdez Calderón y Camilo Andrés Urrutia, quienes, al parecer, habrían ocultado los cheques que soportarían el supuesto pago de servicios a las instituciones prestadoras de salud (IPS) y que serían la certificación para que el Fosyga girara los recobros.

Para la Fiscalía, Saludcoop —como lo reveló un estudio forense de una firma auditora el 13 de marzo de 2011— habría girado miles de cheques que nunca pagaron las facturas que adeudaban a las IPS, pero sí eran reportados en la contabilidad. Es decir, entre 2009 y 2011 la EPS escondió en sus cajas fuertes los cheques que servían como soporte para solicitar los recobros, ya que, por ley, para que el Fosyga desembolse recursos tiene que aparecer en el sistema el pago de parte de Saludcoop a los proveedores de servicios médicos y medicamentos que no estaban incluidos en el POS.

En pocas palabras, Saludcoop manipulaba el giro de los cheques a su antojo para solicitar los recobros, ya que reportaba el pago mas no lo hacía efectivo, perjudicando a las IPS. Según la Fiscalía, estas maniobras tendrían como objetivo reportar solvencia financiera en su contabilidad y así evitar sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud. En los allanamientos realizados por el CTI se encontraron los cheques —que debían estar en manos de las IPS— y las facturas sin pagar en las cajas fuertes de la entidad. “Esto generó una financiación indebida porque, por un lado, no cancelaba los servicios y medicamentos a las IPS, y por otro, sí le cobraba ese dinero al Estado”, advirtió el ente investigador.

Tras realizar 270 inspecciones a IPS en más de 20 ciudades, rastrear los giros de los cheques y las facturas y entrevistar a 20 funcionarios y exfuncionarios de Saludcoop y de las entidades adscritas, entre ellas la firma Esteban Cobo S.A.S., encargada de tramitar los recobros, la Fiscalía encontró 10.000 irregularidades. De estas, se priorizaron 3.030 casos que representarían el desfalco de más de $25.000 millones utilizados con otro objetivo al que fueron destinados. Los investigadores siguen analizando una matriz de 30 variables que permitirían buscar los documentos y a los empleados que intervinieron desde la prestación del servicio en las IPS hasta el punto final del proceso y la gestión del recobro, para así identificar a los responsables.

Con esta medida, la Fiscalía busca calmar las aguas, ya que varias de las críticas que ha hecho Morelli, así como varios sectores del país, a la gestión de Montealegre tienen que ver con que las investigaciones contra Saludcoop estaban estancadas. La contralora siempre ha sostenido que la relación entre Palacino y el fiscal general ha sido una de las piedras que han impedido que la investigación penal avance, ya que, según ella, habría tres contratos de asesoría legal que firmó Montealegre antes de llegar a la Fiscalía con Saludcoop por un monto de $3.246 millones, dinero que, para la Contraloría, hace parte del desfalco a la salud. Por estos hechos, ambos funcionarios libran hoy una batalla en la Comisión de Acusación del Congreso.

Sin embargo, el pasado domingo El Espectador reveló que la Fiscalía indaga por el paradero de un disco duro que tendría información privilegiada sobre los supuestos seguimientos ilegales que habría realizado la Contraloría en 2011 en el marco de su investigación contra Saludcoop. En el ojo del huracán están las funcionarias Edith González y Mónica Cano, dos fichas claves de Morelli que participaron en las pesquisas contra la EPS en las cuales se determinó que el desfalco provocado por la administración de Palacino fue por $1,4 billones. Según fuentes del ente investigador, 4.066 archivos en 397 gigas de información que estarían perdidos serían la pieza clave para armar el rompecabezas en el caso de interceptaciones ilegales.

Mientras la Fiscalía tiene varios frentes de investigación contra la Contraloría, el caso contra Saludcoop parece prender motores. Desde el 25 de agosto hasta el 5 de septiembre —día en que será escuchado Palacino— se adelantarán las diligencias para determinar el grado de responsabilidad de los exdirectivos de Saludcoop. Ya finalizados los interrogatorios, el ente investigador evaluará la posibilidad de imputar cargos. Cabe recordar que el de los recobros es uno de los tantos procesos penales que se adelantan contra la EPS, ya que también se indaga el uso inadecuado de los parafiscales. Sobre las irregularidades en el manejo de éstos por Saludcoop, la Fiscalía aún no ha tomado decisiones.

 

 

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