Fiscalía recaptura 14 exfuncionarios por nexos con paramilitares

Las autoridades recapturaron a 14 exfuncionarios locales que habían sido dejados en libertad en el marco de un proceso por presuntos nexos con los desmovilizados grupos paramilitares, informó este sábado la Fiscalía en un comunicado.

"Bajo medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria quedaron 14 ex funcionarios públicos", indicó el organismo, que recordó que las personadas detenidas están vinculadas a una investigación por "el desvío de recursos públicos de la salud" hacia las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los exfuncionarios, entre quienes se encuentran Carmen Josefina Castañeda, exalcaldesa de Remolino, y José Antonio Martínez, exalcalde de El Retén, municipios del departamento de Magdalena, habían sido capturados y puestos en libertad en octubre de 2016.

La Fiscalía precisó que los detenidos están vinculados a una investigación que se inició en el año 2006, por la presunta desviación de fondos públicos hacia la organización paramilitar liderada por Rodrigo Tovar, conocido como "Jorge 40".

Tovar comandó el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se desmovilizó en marzo de 2006, fue extraditado a Estados Unidos en 2008 y al año siguiente se declaró culpable de un cargo de tráfico de cinco kilos de cocaína a Estados Unidos.

Voceros de la Fiscalía indicaron que durante un allanamiento, el 28 de julio de 2006 en el municipio de Sabanas de San Ángel, en el departamento de Magdalena, se halló documentación que contenían la lista y firma de varios funcionarios públicos que se reunirían con la banda paramilitar.

"De acuerdo con la investigación, en dicha reunión surgiría el movimiento político La Providencia Unida, dirigida por alias Jorge 40", indicó la fuente, y añadió que en el encuentro se firmaría un acta de apoyo "a la candidatura a la Gobernación del Magdalena de José Domingo Dávila", en 2001.

La mayoría de las milicias irregulares de extrema derecha, que en su lucha contra las guerrillas cometieron crímenes atroces contra la población civil, se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en medio de una negociación con el gobierno de Álvaro Uribe, que les ofreció penas reducidas de prisión a cambio de la confesión de sus crímenes.