El próximo martes, un fiscal de la unidad anticorrupción presentará una solicitud formal con el fin de adelantar una audiencia pública en la cual se solicitará el cierre de la investigación que se adelanta contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro por pánico económico.
La decisión se toma después de recolectar una serie de pruebas que permitieron inferir que el mandatario distrital no incurrió en ningún delito para seguir con dicho proceso.
En la diligencia judicial un juez tendrá que decidir si acepta la petición de la Fiscalía o si ordena que se siga investigando. (Ver Radican denuncia contra Gustavo Petro por pánico económico)
El alcalde de Bogotá fue denunciado el 9 de diciembre de 2011 por el abogado Jaime Granados por las declaraciones hechas por Petro en noviembre de ese año sobre el futuro ante una posible fusión de las Empresa de Energía de Bogotá y la Empresa de Acueducto de Bogotá, las cuales, según el denunciante, causó la baja de la cotización en la bolsa y la suspensión por tres días del mercado bursátil.
Según el jurista, está establecido en la ley que cualquier persona que divulgue información falsa o inexacta que afecte el valor de las acciones incurre en un delito de tinte financiero y podría pagar una pena que va entre los 144 y 210 meses de prisión. (Ver Es temerario y calumnioso decir que por mi culpa cayeron las acciones: Gustavo Petro)
Para Granados, con sus declaraciones sobre una posible fusión entre las empresas de Energía de Bogotá y de Telecomunicaciones de Bogotá, “incurrió en un delito pues afectó el valor de acciones, títulos, bonos, compañías o sociedades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, poniendo en riesgo el bien jurídico, económico y social”.