Conversatorio de Colombia 2020

hace 7 horas

Fiscalía solicitó formalmente extradición de exdirectora del DAS

La petición fue radicada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la fiscal tercera delegada ante el alto tribunal radicó la solicitud formal de extradición de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado en contra de quien cursa actualmente un proceso por cinco delitos por su presunta participación en el escándalo de las ‘chuzadas’.

En la solicitud, la representante del ente investigador señala que se cumplen con los requisitos necesarios para solicitar la extradición de Hurtado, a quien el pasado jueves la Corte Suprema de Justicia de Panamá le fue declarado inconstitucional el asilo territorial otorgado en noviembre de 2010 por el Gobierno de Ricardo Martinelli.

En este sentido aseguró que los cinco delitos por los que fue acusada Hurtado en septiembre de 2011 superan una eventual pena a los dos años de prisión, indicando además que existe una medida de aseguramiento vigente emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al considerar que representa un peligro para la sociedad y que en libertad puede obstruir a la administración de justicia.

Se espera que en los próximos días el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Fernando Castro Caballero ponga en consideración de los otros magistrados esta solicitud. De avalarse, el alto tribunal realizará los trámites exigidos ante la Cancillería para traer de vuelta al país a Hurtado Afanador.

La exdirectora del DAS se encuentra desde noviembre de 2011 en Panamá, país que le otorgó un asilo territorial. Pese a su posición para no venir a Colombia a comparecer en el proceso se le declaró la contumacia, esto es que el proceso penal se adelanta sin su presencia.

Hurtado Afanador es procesada por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública por su presunta participación en los seguimientos e interceptación ilegales a periodistas, magistrados, congresistas de oposición del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.