Fiscalía solicitó que se investigue a la jueza que ordenó la libertad de Andrés Sepúlveda

Se considera que la funcionaria judicial incurrió en el delito de prevaricato pues omitió varios de los elementos probatorios presentados en contra del 'hacker'.

El fiscal General, Eduardo Montealegre anunció que solicitará que se investigue penalmente a la jueza 10 del circuito de Bogotá con funciones de conocimiento quien en la tarde de este lunes anuló la imputación de cargos en el proceso que se adelanta por cuatro delitos a Andrés Fernando Sepúlveda Ardila.  

El jefe del ente investigador manifestó que la funcionaria judicial no tuvo en cuenta el hecho de que Sepúlveda Ardila aceptó su responsabilidad en las actividades ilegales que se adelantaban en su oficina en el norte de Bogotá en el marco del allanamiento adelantado por agentes del CTI de la Fiscalía General el 6 de mayo.

“De manera inexplicable la jueza consideró que la aceptación de responsabilidad realizada por el señor Sepúlveda y los documentos reservados encontrados en su poder no podían ser tenidos en cuenta como fundamento de la imputación, en clara contradicción con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal”, precisó el Fiscal General en una rueda de presenta.

Igualmente aseguró que omitió gran parte de los elementos materiales probatorios que presentó la fiscal 53 delegada ante el CTI en la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento que permitían inferir de manera razonable que el desarrollador de software de 29 años era participe de los delitos de espionaje, acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso y violación de datos personales.

Manifestó además que existen 32 elementos materiales probatorios, que ya fueron legalizados por diferentes jueces de garantías, que hacen referencia a las operaciones de interceptación ilegal de correos electrónicos y líneas telefónicas de funcionarios de Gobierno y guerrilleros de las Farc relacionados con el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba.

En este sentido citaron las bases de datos y testimonios “que dan cuenta” del seguimiento, sabotaje e interceptación de os diálogos de paz. “Videos que revelan la compra y venta de información de inteligencia a otras personas. Esas grabaciones fueron verificadas por peritos del CTI confirmándose su autenticidad y la identificación morfológica de quienes allí aparecen”.

Montealegre Lynnet reseñó además que existen 33 equipos de computo que fueron incautados en los allanamientos hechos en la oficina y el domicilio del hacker “en cuyas memorias se encontraron bases de datos con información reservada perteneciente a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL), a otras agencias de Inteligencia del Ejército, así como también de la Fiscalía General de la Nación”.

Para el Fiscal General existen además testimonios entregados por personas que trabajaron en su oficina ubicada en la 93b con 17 y otros relacionados con su trabajo que confirmaron la compra y venta de información de inteligencia, la interceptación ilegal de correos electrónicos de ciudadanos y la consecución de una base de datos reservados de guerrilleros desmovilizados proveniente del Comité Operativo de Dejación de las Armas (CODA).

Sepúlveda Ardila, quien se encuentra por motivos de seguridad en los calabozos del búnker de la Fiscalía General desde el pasado siete de mayo, recuperará su libertad en los próximos minutos cuando llegue el oficio del juzgado 10 de conocimiento de Bogotá, sin embargo seguirá vinculado al proceso penal.

En diálogo con Caracol Radio, la jueza manifestó que los funcionarios judiciales no pueden hacer referencia a lo que no está en el proceso puesto que sería faltar a sus responsabilidades. “Cada argumentación esta soportada con un análisis del tema” aseguró haciendo referencia a las decisiones emitidas por la Corte Suprema y la Corte Constitucional.

“Con todo respeto para el señor fiscal pero cuando hay algo que no nos gusta entonces atribuimos responsabilidades al funcionario que actúa en derecho. Yo sinceramente no me preocupo pero tener al sistema persiguiéndolo a uno no es nada sencillo”, precisó la jueza de conocimiento.

Igualmente manifestó que está segura que el jefe del ente investigador no escuchó el audio de la diligencia celebrada en la tarde de este lunes. “Mi providencia está en un audio y se puede confrontar cada situación que dije con lo que en la audiencia ocurrió, entonces si yo me extralimité en el análisis se puede revisar y verificar que eso no pasó”.