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Formalizan proceso contra tres militares por "falsos positivos" de Soacha

Los hechos se registraron entre los años 2008 y 2009. Aunque los uniformados pidieron hacer parte de la justicia transicional, la Fiscalía se opuso a esa solicitud.

El Espectador / Archivo

Este miércoles, ante el Juzgado 4 Penal de garantías de Bogotá, el soldado Mauricio Puniche Delgadillo, los mayores José Simón Baquero Ramos y Carlos Alberto Rodríguez Mora no aceptaron los cargos por los delitos de homicidio agravado, falsedad ideológica en documento público, porte ilegal de armas y desaparición forzada.

Los militares son investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de tres civiles que salieron del municipio de Soacha y fueron reportados como muertos en combate entre los años 2008 y 2009.

Las víctimas de las supuestas ejecuciones extrajudiciales fueron identificadas como Daniel Alexánder Martínez, Diego Armando Marín y el menor J.S.V. de16 años de edad.

(Lea aquí: Condenan a 21 militares por "falsos positivos de Soacha")

"Días después de haber sido reclutados fueron llevados a Ocaña, donde posteriormente fueron ultimados en un paraje cercano para hacerlos pasar como muertos en combate,  como si fueran guerrilleros, eran muchachos decentes y conocidos en la zona y los hicieron pasar a cientos de kilómetros como positivos en la lucha armada", expresó la Fiscalía.

El organismo investigador sostuvo que el trayecto de 653 kilómetros de distancia entre Soacha y  Ocaña fueron trasportados con engaños a personas de escasos recursos: “estos sujetos adscritos al Ejército, no tenían fundamento operacional o fundamento misional del Estado para quitarle la vida a estos muchachos, ni en modo, lugar, tiempo o en circunstancias del conflicto".

Los integrantes del Ejército habían solicitado someterse a la Ley 1820 de 2016, con ocasión del Proceso de Paz para obtener beneficios en el monto de la pena. Sin embargo la la Fiscalía recalcó que los hechos no están enmarcados en el contexto del conflicto armado.

Por el contrario, se trató de homicidio contra personas inermes e indefensas que vivían lejos del lugar donde se registraba el enfrentamiento con grupos armados ilegales”, leyó la representante del ente acusador.