Para el alto tribunal no existieron errores judiciales

Fracasa demanda de EVM que pedía ser indemnizada por huelga de 1992

Alegando que existieron errores judiciales en una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó reintegrar a 209 de sus trabajadores tras una huelga, Empresas Varias de Medellín E.S.P. presentó una demanda ante el Consejo de Estado solicitando una indemnización. Sin embargo, el recurso fue negado.

Para el Consejo de Estado, en la sentencia del 10 de agosto de 1999 emitida por la Corte Constitucional no se presentaron fallos judiciales, como lo había asegurado Empresas Varias de Medellín. Cortesía

La subdirección B del Consejo de Estado le dijo a Empresas Varias de Medellín E.S.P. que no existieron errores judiciales en la sentencia de la Corte Constitucional fechada el 10 de agosto de 1999. Esta sentencia, con ponencia del entonces magistrado Carlos Gaviria, ordenó reintegrar a 209 trabajadores que habían sido despedidos y a reconocerles sus prestaciones salariales que dejaron de recibir tras una huelga iniciada a finales de 1992.

El pleito de esta historia se remonta, precisamente, cuando el sindicato de esa empresa denunció la convención colectiva que regía las relaciones entre los empleados afiliados y la empresa. Sin embargo, en enero de 2013, no se llegó a ningún arreglo entre las partes, por lo que los trabajadores resolvieron declararse en asamblea permanente. Posteriormente, el entonces representante legal de Empresas Varias le solicitó al Ministerio de Trabajo declarar ilegal la huelga como, en efecto, pasó.

Como consecuencia de la ilegalidad de la huelga, 209 trabajadores, todos pertenecientes al sindicato, fueron despedidos. Esto motivo a que el sindicato impugnara ante el Consejo de Estado la resolución que los despedía. Aunque algunos por su parte iniciaron acciones ordinarias, según el fallo de la Corte Constitucional, “en ninguno de los casos se decidió a su favor pues, sin excepción, los jueces confrontaron el caso con las citadas normas que prohíben la huelga en los servicios públicos, y por tanto, encontraron acertada la decisión del Ministerio”.

Así las cosas, el sindicato llevó el caso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual se pronunció en marzo de 1999 recomendándole al Gobierno reintegrar los trabajadores despedidos porque la declaratoria de ilegalidad de la huelga debía hacerla un organismo judicial y no el Ministerio de Trabajo. Ante dicho pronunciamiento, el sindicato interpuso una tutela ante la Corte Constitucional que ordenó el reintegro de los trabajadores despedidos, orden que en su momento cumplió empresa demandada.

Sin embargo, Empresas Varias de Medellín consideró que en el fallo del alto tribunal se había incurrido en errores judiciales que le ocasionó perjuicios, por lo que demandó al Estado solicitando una indemnización por daño antijurídico. Entonces, la Sección Tercera, con  ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, encontró que la Corte Constitucional emitió órdenes fundada en normas constitucionales, legales y jurisprudenciales.

El fallo considera que dicha decisión obedeció, entre otras cosas, al cumplimiento de mandatos emitidos por organismos como el Comité de Libertad Sindical de la OIT que custodia la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en los Estados que forman parte de los pactos, incluida Colombia. No obstante, al encontrarse de acuerdo con la decisión, los magistrados Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth presentarán aclaraciones de voto. La primera, para subrayar que en su análisis la sentencia mayoritaria no hizo énfasis en el daño antijurídico, centrándose, principalmente, en el error judicial y, el segundo, para manifestar su desacuerdo con la estructura formal del proyecto.

Por su parte, el conjuez César Negret Mosquera se apartó de la decisión mayoritaria en cuanto consideró que la decisión adoptada por la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional produjo un daño que las Empresas Varias de Medellín no estaban en el deber de soportar, pues actuaron conforme a derecho “circunstancia que patrocinó la misma Rama Judicial a través de decisiones pronunciadas tanto por la Jurisdicción Ordinaria como por la Contencioso Administrativa”.