Fracasó traslado de Emilio Tapia a una guarnición militar en Cartagena

En un oficio enviado al Inpec la Base Naval de Cartagena le informó que no puede recibir al contratista condenado por el 'carrusel de la contratación'.

En un oficio enviado al Inpec la base naval de Cartagena les informó que no contaba con el personal suficiente para garantizar la seguridad del contratista Emilio Tapia Aldana, quien iba a ser trasladado en las próximas horas por orden de un juez de control de garantías de Bogotá.

Debido a este impase se deberá buscar un nuevo lugar para que el empresario cordobés siga cumpliendo la condena de 17 años de prisión interpuesta en su contra por el “carrusel de la contratación” en la capital de la República. Se espera que en los próximos días se defina esta situación.

Mientras tanto Tapia Aldana deberá continuar recluido en uno de los calabozos del búnker de la Fiscalía General a donde fue trasladado hace poco. El empresario habría sido víctima de un intento de envenenamiento en la cárcel La Picota, hecho que prendió las alarmas y obligó a las autoridades a tomar medidas.

Según se ha podido establecer su compañero de celda probó la comida de Tapia. Poco tiempo después tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario tras presentar un grave malestar, al parecer los alimentos que consumió estarían contaminados.

A esto se le suma las amenazas e intimidaciones que ha recibido Tapia, quien es uno de los testigos de cargo de la Fiscalía General en las investigaciones que se adelantan por la entrega y celebración irregular de millonarios contratos viales en Bogotá durante la administración de Samuel Moreno.

Tapia Aldana también fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de concierto para delinquir, dentro del mismo escándalo de corrupción administrativa. En su contra se adelanta otro proceso por el lavado de activos. Por este proceso fue recapturado hace dos años y fue cobijado con medida de aseguramiento.

La Fiscalía General ha señalado al contratista de ser parte de “la empresa criminal” que se conformó en el Distrito para beneficiarse, mediante el pago de comisiones, de millonarios contratos viales, principalmente, en Bogotá durante la administración de Samuel Moreno Rojas.