“Fracking”: la hora cero en el Consejo de Estado

En Colombia, hacer o no “fracking” ha generado una amplia controversia. / Bloomberg

Próximamente, el Consejo de Estado definirá el futuro de las herramientas legales que podrían permitirle al Estado utilizar la técnica conocida como fracking para la exploración y explotación de petróleo y gas en el país en yacimientos no convencionales. Las implicaciones de la decisión que tome el alto tribunal son de suma trascendencia, pues mientras el Gobierno afirma que sin esta técnica se puede afectar la seguridad energética del país, plataformas ambientalistas e incluso la comisión de expertos que convocó el presidente Iván Duque consideran que no hay información suficiente para garantizar que su uso no causará impactos al medio ambiente.

La bancada oficialista en el Congreso busca darle aval al fracking en el Plan Nacional de Desarrollo, que hoy debate el Congreso. Y, a la vez, en el Consejo de Estado avanza el estudio de una demanda que presentó en 2016 Esteban Lagos González en contra del decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014, que fijaron los criterios y procedimientos para usar la técnica. En su concepto, esas normas no incluyeron medidas para evitar un daño ambiental, a pesar de que el fracking es una actividad, sostiene él, con demostrados efectos adversos, graves e irreversibles para el medio ambiente y la salud humana. En su documento, Lagos González cita varios artículos e investigaciones científicas que comprobarían sus argumentos.

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El alto tribunal le dio la razón y, como medida provisional, suspendió en noviembre de 2018 los decretos. ¿El argumento? Que no incluían consideraciones ambientales, como lo ordena el llamado principio de precaución, aquel que obliga a inclinar la balanza hacia el medio ambiente si no hay certeza absoluta de que alguna actividad no implica un daño irreversible. Así, lla decisión frenó cualquier avance en el país de este método no convencional, que consiste en inyectar en el subsuelo agua mezclada con químicos para hacer fluir hidrocarburos de piedras compactas que se encuentran a kilómetros de profundidad. El alto tribunal tuvo en cuenta una función de advertencia de la Contraloría de 2012, que alertó por el posible aumento de la sismicidad, contaminación del agua y daños a la salud por el fracking.

“Se concluye que, a la luz del principio de precaución, la autorización en Colombia de la técnica de estimulación hidráulica puede conllevar un daño potencial o riesgo al medio ambiente y a la salud humana, cuya gravedad e irreversibilidad se cimienta en la posible insuficiencia de las medidas adoptadas”, dice la decisión que suspendió el fracking. El Gobierno Nacional interpuso un recurso de súplica que busca tumbar esa decisión, el cual está en el despacho del magistrado Martín Bermúdez, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pues el magistrado Ramiro Pazos, quien tomó la medida cautelar, no puede tomar parte en la discusión de este recurso de súplica, aunque sí podrá participar a lo largo de todo el proceso. El Espectador conoció las posturas que reposan en el expediente y que serán claves para la decisión que tomará la corporación.

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Los puntos claves

La posición del Gobierno es clara: sí al fracking. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Minas y Ecopetrol indicaron que la suspensión de estas normas afectaría en la práctica el desarrollo energético del país; que no hay evidencias que acrediten que su uso tenga efectos en el cambio climático; que hay suficiente legislación al respecto; y que los efectos del fracking “no producen daños graves e irreversibles”. “No es posible derivar una amenaza cierta o un peligro de daño ambiental por el uso. Los riesgos se podrán medir al momento de presentar los estudios propios para la obtención de una licencia ambiental, y no en estudios descontextualizados, artículos de prensa y temores sin bases científicas”, dijo la ANH.

La entidad controvierte que esta técnica contamine la atmósfera con compuestos orgánicos volátiles cancerígenos como el benceno y formaldehído, porque la regulación colombiana ya fijó sus niveles tolerables de emisión. “De haber encontrado que estas emisiones per se producían efectos dañinos en bajos niveles (se) hubiese prohibido”. Lo mismo se hizo, según la entidad, con el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de sulfuro, sulfuro de hidrógeno y metano, entre otros. “Se encuentra demostrado que tales efectos son mitigables”. (Vea también este video: Fracking, ¿de verdad fue aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo?)

La agencia agregó que “no es cierto que al inyectar la mezcla (de agua y químicos) y fracturar la roca, los químicos se dispersan en los fluidos y contaminan el agua”. Para la entidad, la posible filtración de los químicos al agua potable no sería un escenario plausible, porque la ley dice que no se pueden perforar pozos no convencionales a menos de 200 metros de un acuífero existente. “Las posibles fugas pueden ser manejadas, prevenidas y mitigadas”, agrega el documento. El demandante Esteban Lagos asegura que hay evidencia científica de la relación entre el fracking y temblores y deslizamientos de fallas. Para la ANH, no hay prueba suficiente de ello: “Contrario a lo señalado por el accionante, no es cierto que los eventos sísmicos puedan causar desastres o terremotos de gran magnitud”.

Pero tal vez uno de los elementos claves y polémicos de la defensa del Gobierno es que, en su criterio, no es cierto que el fracking contribuya al cambio climático.  Según señala, las emisiones de metano que puedan ser resultado del fracking en realidad no serán significativas en comparación con las que produce el sector agrícola, de tratamiento de aguas residuales o de rellenos sanitarios: “Colombia es un país agrícola y considerar un cambio en la distribución del aporte sectorial a las emisiones de gases de efecto invernadero corresponde a un escenario no basado en la realidad, pues un país como Estados Unidos, industrializado, y con la explotación actual de recursos no convencionales, sigue teniendo su mayor (número) de emisiones de metano a partir de la ganadería”.

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El Ministerio de Minas afirma que el fracking se viene usando desde hace décadas en Colombia en los yacimientos convencionales, “por lo cual hoy en día podemos decir que el país se encuentra preparado para asumir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales”. No obstante, no explica si se tuvieron en cuenta las diferencias entre los tipos de yacimientos ni en dónde se ha hecho esa práctica. Luego, el Ministerio pone sobre la mesa que de no poder hacer fracking, a largo plazo, se afectarían los servicios públicos domiciliarios porque, entre otros, habría de reservas de petróleo para 5.7 años y de gas, según el documento aportado al Consejo de Estado que tiene fecha de noviembre de 2018.

El pasado 13 de mayo, el Ministerio de Minas informó que entre 2017 y 2018 aumentaron las reservas de petróleo de 1.782 a 1.958 millones de barriles, lo que aumentó las reservas de 5.7 años a 6.2; pero que las de gas cayeron 2.9 %, reduciendo su vida útil de 11.7 a 9.8 años. De acuerdo que reposa en el alto tribunal, el ministerio considera el fracking necesario por los yacimientos no convencionales podrían llegar a generar 30 billones de dólares por año, así como 124.000 empleos, $15 billones de dólares por exportaciones y uno adicional en regalías. 

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Con estas cifras, la cartera asegura que suspender el fracking afectaría el desarrollo del Plan de Masificación de Gas que privilegió el suministro del hidrocarburo a los estratos bajos de la población. “El Ministerio pone de presente a la Rama Judicial la relación importantísima entre el suministro de gas natural y el cubrimiento de las necesidades energéticas del país y las necesidades básicas insatisfechas del país (…) Colombia debe diversificar su canasta energética en orden de no depender de energía producida exclusivamente a base de agua”.

¿Es suficiente?

En otro memorial del 22 de marzo pasado, el Ministerio le pidió al Consejo de Estado tomar en cuenta el informe que entregó la comisión de expertos el 5 de noviembre de 2018, en el que se establecieron ocho recomendaciones previas que deberían cumplirse en el Proyecto Piloto Investigativo (PPI) antes de decidir el tránsito al fracking. Entre ellas está hacer pública la mayor cantidad de información posible al respecto, divulgar la tecnología de mínimo impacto que se utilizará, acordar el manejo de riesgos con las comunidades cercanas a los proyectos y ajustar la regulación para la selección, el uso y el seguimiento de tecnologías de mínimo impacto, entre otros.

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Según la cartera, esos lineamientos serían indicadores técnicos suficientes para levantar la suspensión provisional de los decretos demandados. No obstante, el comisionado Juan Pablo Ruiz dijo a El Espectador que no es suficiente pues, si el Gobierno va a cumplir con sus recomendaciones, como lo dijo la ministra María Fernanda Suárez en un foro de la Universidad Javeriana el 14 de mayo pasado, en este momento no están dadas las condiciones para hacer fracking.

“Con el nivel de información que hoy tenemos no hay certeza de cuáles van a ser los impactos del fracking sobre el ecosistema y la sociedad. Hay que mejorar y por eso está la propuesta de los proyectos piloto, para que cuando recojamos la información, la evaluemos y tomemos la determinación de si se puede o no seguir con la actividad. En este momento, el principio de precaución nos dice que no podemos avanzar con la exploración comercial del fracking”, dijo.

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¿Por qué el Gobierno anuncia que seguirá las recomendaciones y al mismo tiempo le está pidiendo al Consejo de Estado levantar la suspensión? La pregunta es relevante: Ecopetrol, en un memorial de noviembre de 2018, antes del informe de la comisión, le dijo al alto tribunal que las normas actuales “permite(n) el desarrollo seguro, sostenible y responsable de la actividad de estimulación hidráulica en yacimientos no convencionales”. ¿Por qué? Porque están regulando las etapas del proceso de construcción y completamiento de pozos, los aspectos socioambientales, del conocimiento de acuíferos y de sismología, entre otros.

El documento, también en poder de este diario, afirma que las cuencas del Valle del Magdalena y Cesar-Ranchería (en el Magdalena Medio, Cesar y La Guajira) tienen las condiciones más favorables. La primera con un potencial de entre 2.400 y 7.400 millones de barriles de petróleo, y la segunda para la producción de gas. Ecopetrol hizo además una propuesta al Consejo de Estado para avanzar en “adquirir certeza científica”. Se trata del diseño de un piloto que tenga en cuenta las “reglas de oro para una era dorada del gas” que formuló la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés).

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Esas reglas son recomendaciones que se aplicarían en Colombia, como tener una línea base de indicadores ambientales, hacer un diálogo transparente y divulgar los datos operativos. A esto lo sigue hacer un modelo para determinar sistemas petrolíferos versus acuíferos y analizar las condiciones de superficie, suelo, ecosistemas e infraestructura, luego diseñar y construir pozos con condiciones para el fracturamiento hidráulico, hacer un manejo adecuado del agua usada en esta técnica, evitar emisiones a la atmósfera y trabajar de la mano con la comunidad. Ecopetrol considera necesario que se le permita hacer un piloto de industria, que se desarrollaría en el Valle Medio del Magdalena, atendiendo las recomendaciones de la comisión de expertos y con seguimiento de las autoridades ambientales.

El proyecto, dice Ecopetrol, le permitiría al Consejo de Estado tener “herramientas suficientes para adoptar una decisión de fondo en este asunto de tanta relevancia para el país”. ¿Levantar la suspensión del fracking y hacer este piloto que propone Ecopetrol contradiría la recomendación del Comité de Expertos que pide que se elaboren licencias sociales, con las comunidades? La experta en medio ambiente Isabel Cavelier le dijo a El Espectador que la estrategia del Gobierno de insistir en el fracking no va de la mano con los compromisos que adquirió el Estado colombiano en el Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. “Para cumplir con el objetivo de limitar el aumento de temperatura a máximo 1,5 grados, el 80 % de las reservas de hidrocarburos ya conocidas deben quedarse enterradas. No podemos seguir extrayendo combustibles fósiles, indistintamente de la tecnología”, señaló.

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Cavelier agregó que el argumento de la posible crisis energética que expone el Gobierno es un “pañito de agua tibia” que busca aumentar la liquidez a corto plazo, pero que tiene graves consecuencias globales. La experta además explicó que, contrario a lo dicho por el Gobierno, toda extracción de hidrocarburos tiene un efecto en el cambio climático y que la quema de combustibles fósiles es la principal fuente de gases de efecto invernadero en el mundo, si bien en Colombia la mayor fuente es la deforestación. “Abrir la puerta va en contra del principio de precaución porque hay una incertidumbre bastante alta”, precisó. La definición de este debate está en manos del Consejo de Estado.

Nota de la editora: en el artículo inicialmente se dijo que el magistrado Ramiro Pazos se había declarado impedido para participar en el estudio del recurso de súplica. Se precisa que Pazos no está impedido, sino que como fue quien tomó la decisión de suspender las normas, no puede participar en la resolución de ese recurso. No obstante, Pazos sí puede participar en el resto del proceso.