Fue abusado por las Farc, es portador de VIH y le habían negado pensión por invalidez

La Corte Constitucional le acaba de ordenar al al Ministerio del Trabajo otorgar a esta víctima del conflicto un auxilio humanitario. En 1988, cuando tenía 16 años, fue abusado sexualmente por miembros de esa guerrilla y dice que a raíz de ello contrajo tal virus.

Felipe* fue violado por miembros de las Farc en 1988. Cinco años después descubrió que era portador de VIH.Archivo El Espectador.

Cuando Felipe* tenía 16 años, en 1988 fue abusado sexualmente por guerrilleros de las Farc. Hoy dice que esta trágica situación que vivió en su juventud contrajo VIH. En marzo de 2002, una junta de calificación de invalidez del Departamento de Chocó, en Boyacá, dictaminó que a raíz de su condición médica tuvo una pérdida de capacidad laboral  del 66 %. A partir de 2014, Felipe ha solicitado a Colpensiones, en varias ocasiones, el reconocimiento de su pensión de invalidez, pero esta ha sido negada por no acreditar el cumplimiento de 50 semanas cotizadas durante los últimos tres años anteriores de cuando se acreditó su invalidez.

Felipe, quien hoy tiene 46 años, presentó una tutela, solicitando el amparo de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital. En primera y en segunda instancia le fue declarada improcedente su solicitud, es decir, que era innoportuna, con el argumento de que tenía otros mecanismos de defensa diferentes a la acción de tutela. El caso fue seleccionado por la Corte Constitucional y le correspondió al despacho de la magistrada Diana Fajardo estudiar el caso.

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Al revisar los requisitos formales para el acceso de la pensión de invalidez, la Corte encontró que no contaba con todas las exigencias de ley para el reconocimiento pensional. Sin embargo, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por tres magistrados del alto tribunal, pudo evidenciar las "graves afectaciones a la salud y condiciones de vulnerabilidad del accionante desde 1993 (fecha en el que fue dignosticado como portador de VIH), de modo que decidió estudiar el posible acceso a la prestación humanitaria de víctimas de conflicto armado".

La Sala de la Corte verificó la relación entre el hecho victimizante (el abuso sexual por parte de la guerrilla) y la situación de discapacidad (el VIH), y determinó que aunque la fecha del abuso (marzo de 1988) no coincide totalmente con la del diagnóstico ( noviembre de 1993), "lo cierto es que este último se dio en un momento razonable, en relación con el hecho victimizante, pues es apenas lógico entender que el registro de la enfermedad en la historia clínica no coincida plenamente con el momento del contagio".

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Asimismo, para la Corte es evidente que, desde noviembre de 1993, momento en que se dio el diagnóstico de VIH, Felipe ha visto gravemente afectada su capacidad laboral, al punto que desde ese instante ha permanecido con una pérdida de capacidad laboral del 66%. De este modo, dio por cumplidos los requisitos para acceder a la prestación humanitaria.

La Sala enfatizó en que "el acceso a la prestación humanitaria periódica no puede estar sometido a una verificación institucional rígida, absoluta e irreflexiva, en la que se ignore la integralidad de los hechos que rodean la situación de la víctima del conflicto". En ese sentido, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio del Trabajo que, en el término máximo de 10 días, contados a partir de la notificación de la sentencia, lleve cabo los trámites necesarios para el reconocimiento y pago de la prestación humanitaria periódica como víctima del conflicto, a favor del señor Felipe.

*Nombre modificado para proteger la privacidad de la víctima.

 

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Redacción Judicial

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