Funcionarias de la Contraloría General procesadas por 'chuzadas' seguirán en libertad

Se determinó que de los argumentos presentados por la Fiscalía General no se permite inferir que representen un peligro para la sociedad.

El juzgado 28 de control de garantías de Bogotá rechazó la petición de la Fiscalía General de cobijar con medida de aseguramiento a la exjefe de la oficina de control disciplinario interno de la Contraloría General de la República, Edith Rocío González Martínez y a la exjefe de la Unidad de Aseguramiento Tecnológico e Informático del ente de control fiscal, Mónica Esperanza Cano Bedoya.

En la diligencia judicial, que se extendió hasta la medianoche, el funcionario judicial consideró que las dos funcionarias del ente de control fiscal no representan un peligro para la sociedad, rechazando así los argumentos presentados por el delegado del ente investigador. La decisión fue celebrada por la bancada de la defensa que manifestó que la Fiscalía está haciendo acusaciones sin elementos materiales de prueba.

Según la investigación, entre el 5 y el 15 de julio del 2011 las dos funcionarias recolectaron información reservada de un disco duro en el que había datos de por lo menos 70 personajes de la vida nacional, entre los que se destacan periodistas, exministros y congresistas, así como datos de empresas privadas.

El fiscal del caso aseguró que Mónica Esperanza Cano Bedoya, quien fungía como asesora de la contralora General, Sandra Morelli Rico, emitió una resolución en la cual pedía iniciar una búsqueda de datos de por lo menos 70 personas. Este documento fue atendido por Idis Rocío González Martínez quien se desempeñaba como ingeniera coordinadora del laboratorio informático de esa entidad.

Para la Fiscalía General las dos funcionarias utilizaron la información recolectada de manera irregular para realizar una persecución en contra de un grupo preseleccionado de personas. Por lo tanto, se advierte, se extralimitaron en sus funciones puesto que no tenían la competencia para ordenar y adelantar esta tarea.

Igualmente se manifestó que no tenían atribuciones para ordenar búsquedas y seguimientos a casos de manera arbitraria al no tener ellas funciones fiscales. Entre las pruebas presentadas durante la imputación se encuentran los documentos que se emitieron del disco duro y que fueron hallados en las oficinas de las ahora procesadas.

En la recolección de elementos materiales probatorios se determinó que las dos funcionarias “habrían ocultado y/o falsificado elementos materiales probatorios de interés para la investigación de la Fiscalía General de la Nación” en las indagaciones por las irregularidades en la contratación de la nueva sede de la Contraloría General en el occidente de la capital de la República.

La Fiscalía General les imputó en diciembre del año pasado los delitos de prevaricato por acción, en concurso homogéneo y sucesivo con abuso de función pública, en concurso con ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, en concurso con falsedad material en documento público, en concurso con falsedad ideológica en documento público, de los cuales se declararon inocentes.