Funcionarios que avalen uso de recursos públicos en campaña del plebiscito serán investigados: Procurador

El jefe del Ministerio Público aseguró que la Corte estableció una restricción frente al uso de bienes del Estado o recursos del tesoro público para promocionar dicho mecanismo.

En su intervención precisó que en la referida votación “no se está sometiendo el derecho a la paz”, hecho por el cual cualquier mención sobre esto en las campañas sería falaz y estaría afectando la verdad de fondo sobre la discusión que se debe hacer. Agregó que existen unos límites establecidos en la sentencia de la Corte que no se pueden desconocer por las partes.

“Los funcionarios públicos no pueden adelantar campaña alguna por el plebiscito o actividades previas al mismo bajo el pretexto de ‘SÍ a la paz’ o ‘NO a la paz’ porque el derecho a la paz no puede ser sometido a votación de los ciudadanos”, precisó Ordóñez al indicar que no se puede confundir al elector frente a los alcances de dicha figura.

Considera que cualquier inducción al error estaría afectando al mismo elector a tomar una decisión consciente, libre y voluntaria. “De ninguna manera se pueden emplear bienes del Estado ni recursos del tesoro público bajo el pretexto de promocionar el plebiscito antes del inicio de su campaña o durante su periodo de organización bajo el lema ‘SÍ a la paz’ o ‘NO a la paz”.

El Procurador General aseguró que los funcionarios que avalen el uso de recursos públicos o estatales con ese fin incurren en una violación de la Constitución, la ley y podrían ser investigados. Indicó que no pueden presionar a los contratistas del Estado para que participen en la discusión. Esto podría considerarse una presión indebida.

“El tiempo destinado al desarrollo de las actividades del Estado, las jornadas laborales, en general, las funciones ejercidas tienen un significado y un gasto de los recursos del Estado por lo que no pueden ser desviados para ese propósito en específico, que es la adecuada prestación de las actividades para cada institución estatal”, aclaró.

Finalmente indicó que no se pueden ejercer presiones en contra de los contratistas del Estado para que participen en el debate o tomen parte de las campañas, esto bajo la amenaza que el convenio les será retirado. “Las campañas por el plebiscito no podrán cuestionar de modo alguno ni denotar que está supedidata su permanencia en la función pública”.El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado aseguró que la Sala Plena de la Corte Constitucional definió los lineamientos para adelantar las campañas ya sean por el SÍ o por el NO del plebiscito, mecanismo avalado por el mismo alto tribunal para refrendar el acuerdo final que se firme en el proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba).

El jefe del Ministerio Público aseguró que no se podrán hacer estas campañas antes que el organismo encargado no convoque o fije una fecha definitiva para el plebiscito. Para Ordóñez Maldonado las mismas campañas no pueden hacer referencia al derecho a la paz sino al hecho de si están o no de acuerdo con lo establecido en la firma del acuerdo final.