La 'fundación' de los falsos testigos

Gustavo Muñoz Roa está siendo procesado por fraude procesal, calumnia, falso testimonio y falsa denuncia.

Gustavo Muñoz Roa, director de la Fundación Nueva Esperanza, fue enviado a prisión el pasado jueves. / Óscar Pérez - El Espectador

Los procesos que emprendió la Fiscalía contra el congresista Luis Fernando Velasco, la exrepresentante a la Cámara Gemma López y el exdiputado del Valle Sigifredo López, que en su momento causaron gran conmoción nacional pero que al final terminaron siendo señalamientos falsos, parecen tener una clara explicación. Tras la reciente captura de Gustavo Muñoz Roa, el director de la Fundación Nueva Esperanza —que ayuda a los desmovilizados—, se abre un nuevo episodio sobre la presunta fábrica de falsos testigos que, a través de sus testimonios, terminaron por enlodar ilegítimamente a dirigentes políticos al sindicarlos de tener nexos con las Farc.

El pasado 10 de octubre un fiscal de la Unidad contra Falsos Testigos le imputó cargos a Muñoz Roa por los delitos de fraude procesal, calumnia, falso testimonio y falsa denuncia. En esa misma audiencia la jueza 37 de garantías le dictó medida de aseguramiento, argumentando que el director de la ONG representaba un peligro para lo sociedad después de que, al parecer, orquestara una banda de falsos testigos que presentó ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia para que iniciaran procesos penales contra Luis F. Velasco, Sigifredo López y Gemma López.

“No es un delito poner en conocimiento de las autoridades algo ilegal, el delito se configura cuando se pone ante las autoridades hechos que no corresponden a la verdad”, puntualizó la jueza tras enviar a la cárcel a Muñoz Roa. El nombre de la Fundación Nueva Esperanza comenzó a ser polémico después de que en 2010 el desmovilizado de las Farc Reinaldo Valencia, alias El Cabezón, asegurara que todo lo que dijo en junio de 2007 al programa La noche, de RCN, fue un montaje que planeó minuciosamente Gustavo Muñoz. En esa oportunidad, Valencia había dicho que Sigifredo López —que en 2007 estaba secuestrado por las Farc— se había salvado de ser asesinado como el resto de sus 11 compañeros por tener vínculos con la guerrilla.

Frente a las cámaras de La noche, El Cabezón afirmó que él era uno de los miembros del anillo de seguridad que cuidaba a los 12 diputados del Valle secuestrados en abril de 2002 y que escuchó cuando su comandante, alias El Grillo, dio la orden de asesinarlos a todos menos a López, ya que era parte de su organización. Ante los tribunales de Justicia y Paz, cuando fue incluido en 2010 dijo que todo “era una mentira”. Que sus actuaciones se debieron a  falsas promesas que hizo Muñoz Roa sobre darle asilo político en otro país si declaraba en contra del exdiputado. Asimismo, señaló que él se había desmovilizado el 6 de mayo de 2007, un mes antes de que ocurriera la tragedia de los diputados.

“Es muy importante que se estén produciendo resultados en el tema de falsos testigos, que son un cáncer en la justicia porque toman acciones criminales a cambio de prebendas. Gustavo Muñoz fue el que incitó a Reinaldo Valencia a decir que si yo me había salvado era porque tenía algo que ver con la muerte del resto de mis compañeros”, le dijo a este diario Sigifredo López. El exdiputado agregó que Muñoz Roa se mantenía en el despacho de la fiscal 38 —quien fue la que le abrió el proceso en mayo de 2012— y que estafó a varios guerrilleros con los subsidios que entregaban por desmovilizarse.

El caso de Luis Fernando Velasco y Gemma López es similar. Según la demanda interpuesta por el senador Velasco, Muñoz Roa habría contactado a Éver Olimpo Larrahondo, alias El Alcalde, para que construyera un relato en el que manifestara que el congresista y la exrepresentante López tenían fuerte nexos con los frentes 8 y 29 de las Farc, que operaban en los departamentos de Cauca y Nariño. El ‘testigo estelar’, con el que la Corte les abrió investigación a los parlamentarios el 5 de febrero de 2008, resultó que jamás había sido guerrillero y en el juicio contra Velasco se retractó de cada una de las palabras, asegurando que tampoco lo conocía.

Frente a estos hechos, el alto tribunal emitió el 30 de noviembre de 2011 resolución inhibitoria a favor de Velasco y López, manifestando que no encontraba prueba alguna de que los políticos caucanos hubieran solicitado apoyo de las Farc para las elecciones al Congreso en 2002 y 2006. De esta forma fue que la Fiscalía abrió una investigación contra el director de la Fundación Nueva Esperanza y encontró serios indicios para iniciar un proceso penal en su contra. Sin embargo, Muñoz Roa ha manifestado que se trata de un montaje en su contra y una venganza de los políticos en retaliación por las denuncias que ha presentado.

Cabe recordar que Muñoz Roa fue quien solicitó al procurador general, Alejandro Ordóñez, que se adelantara una investigación disciplinaria contra la exsenadorea Piedad Córdoba por supuestos vínculos con las Farc. Este proceso terminó con el fallo de la Procuraduría que en 2010 inhabilitó por 18 años a la excongresista, quien además tiene otra sanción de 14 años que emitió el Ministerio Público en 2012 por realizar un aporte económico a la campaña de Ricardo Montenegro, candidato a la Cámara de Representantes por el Atlántico para el período 2010-2014, cuando aún era senadora.

El proceso contra Gustavo Muñoz Roa promete un agitado debate sobre la fábrica de falsos testigos que varios políticos y particulares han denunciado que tiene la Fiscalía. Mientras el director de la Fundación Nueva Esperanza, férreo defensor de militares implicados en casos de falsos positivos, asegura que todo es un complot de sus enemigos políticos, sus presuntas víctimas, como Sigifredo López, señalan que él creía que la justicia era un juego y que “con su fundación hizo, deshizo y malhizo, pensando que la justicia no le iba a llegar”.

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