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El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, confirmó que durante las labores de inteligencia previas al operativo en el que abatieron a Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, tenían claridad de quiénes acompañaban al jefe del ELN en su campamento y, por lo tanto, sabían de la presencia de menores de edad en el sitio. El oficial señaló que se tuvo conocimiento de dos menores en la zona y que uno de ellos tendría parentesco con alias Uriel. Sin embargo, señaló que posterior a la operación militar, no se encontraron indicios de que estos niños hubieran resultado afectados por las acciones de los uniformados que llevaron a cabo la misión.
“Durante la fase del planeamiento se tomaron todas las medidas y precauciones en el marco del Derecho Internacional Humanitario para reducir el riesgo de daño incidental y cumplir con la misión encomendada. Por tanto, lo planeamos y lo ejecutamos al detalle, son operaciones de precisión (...) en el proceso de actos urgentes, posterior la operación, en el campamento no se registró presencia de menores. Al final, los bandidos del ELN eran los que tenían a los menores en el sitio y posteriormente ellos mismos se los llevan”, dijo el comandante.
En ese sentido, explicó que, cuando se hicieron los registros, lo único que se encontró fue un muerto en el desarrollo de las operaciones militares que, después, como se pudo constatar, fue identificado como alias Uriel, pero, insistió, no se encontraron menores en el campamento. Por tanto, le exigió al ELN que a la primera oportunidad entregue a estos niños, por el cualquier medio, para que les sean reestablecidos sus derechos. El oficial también manifestó que los menores que estaban en el campamento no hacían parte de este grupo organizado.
Respecto a la polémica que, desde muy temprano, ha tenido lugar sobre la presencia de estos menores en esa zona rural del departamento del Chocó, el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, manifestó que “se está haciendo politiquería con la muerte y con los niños sin explicarle al país cuáles son los pasos que se cumplen y las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH)". Explicó que las labores de la fuerza pública, es decir, del Ejército, consisten en hacer la operación y, después, tomar las medidas como acordonar el área y prestar seguridad para que puedan ingresar las autoridades competentes. Luego de eso, son funcionarios de otras ramas quienes tienen la situación en sus manos.
“La policía judicial ingresa al lugar de los hechos, recolecta la evidencia, los elementos materiales probatorios, mira el asunto relacionado con los cuerpos que haya en el lugar y hace capturas, si es el caso. Con posterioridad se embala y rotura las evidencias que entran a la cadena de custodia. Una vez cumplidas estas etapas, se rinde un informe de policía judicial al fiscal que lleva el caso y se dejan a disposición todos los elementos hallados para que se aperture una noticia criminal y se inicia la etapa de indagación por parte del fiscal”, agregó. (Lea también: Confirman muerte de alias Uriel, comandante del Eln, tras operación militar en Chocó)
Continuó explicando que “es muy importante que haya claridad a la opinión pública” de que es Medicina Legal la encargada de determinar las identidades de quienes hayan resultado abatidos en operaciones militares o capturados. “Esto es fundamental para que no sigan confundiendo al país con respecto al papel de la fuerza pública en este tipo de acciones y con respecto a la autoridad competente que debe determinar identidades, sexo y edad de los muertos”, dijo el ministro Trujillo.
Ahora, sobre la cuestión de si se pueden, o no, realizar operaciones militares cuando hay menores de edad en el lugar, Carlos Holmes Trujillo respondió que sí, toda vez que se respeten los “principios de conducción de hostilidades” y porque el DIH “no menoscaba la capacidad soberana de los Estados para acudir a sus fuerzas públicas a fin de garantizar las condiciones de seguridad y convivencia, o restaurarlas. El Estado bajo las normas del DIH debe y puede actuar para cumplir con los deberes que les son propios tanto en desarrollo de normas internacionales como nacionales”.
Agregó el alto funcionario que cuando hay menores en riesgo por actividades militares, quien viola el DIH es quien tiene al menor en ese campamento y lo pone en riesgo ante un eventual daño en virtud del desarrollo de operaciones militares. “Estamos hablando de una fuerza pública que cumple con su deber, que cumple con los principios del DIH y de autoridades pertenecientes a otras ramas que cumplen con las funciones que tienen. Es de inmensa gravedad lanzar mensajes subliminales y directos que confunden a la opinión pública y que crean la idea equivocada, que rechazamos, y no podemos aceptar, de que la fuerza pública mata niños, la fuerza pública no mata niños, defiende a los colombianos y crea condiciones de seguridad”, concluyó el ministro.
El pasado domingo, 25 de octubre, en conferencia de prensa en el Cantón Militar el Caraño, de la capital chocoana, el presidente, Iván Duque, y el ministro de Defensa confirmaron que, durante la operación Odín, fue abatido el terrorista Andrés Felipe Vanegas, alias Uriel, un peligroso criminal y terrorista del ELN, al que el Estado colombiano le seguía el rastro desde 2018 cuando fue caracterizado como objetivo de alto valor, debido a la peligrosidad que representaba. El ministro confirmó que, quien entregó la información que permitió la “neutralización” de alias Uriel recibirá una recompensa de $500 millones. (Le puede interesar: “¿Reconoce que fracasó como ministro de Defensa?”: Claudia López a Carlos Holmes Trujillo)