Falsos positivos

General procesado por “falsos positivos” pide que su caso pase a la JEP

El excomandante de la Brigada XVI del Ejército se encuentra privado de su libertad desde 28 de marzo de 2016.

El general retirado Henry Torres Escalante, se ganó varios reconocimientos en el Ejército por sus buenos resultados operacionales. / Foto: Archivo El Tiempo.

La defensa del mayor general (r) Henry William Torres Escalante solicitó formalmente que el proceso penal que se adelanta en contra del excomandante de la Brigada XVI del Ejército por su presunta participación en dos ejecuciones extrajudiciales pase a conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). (Ver: La acusación por falsos positivos contra el general (r) Torres Escalante)

En la petición presentada por el abogado Jaime Granados Peña se manifiesta que mientras se realiza este trámite el proceso debe ser suspendido “hasta tanto no entre en funcionamiento la jurisdicción especial para la paz y se remita el proceso a la misma y por otra parte, disponga de la revocatoria de la medida de aseguramiento que pesa contra mi prohijado, de conformidad con los hechos”.

El juzgado primero penal del circuito de Yopal deberá resolver esta solicitud en los próximos días. El general Torres Escalante, quien se encuentra privado de su libertad desde el 28 de marzo de 2016, es procesado por presuntamente haber ordenado la ejecución extrajudicial de un campesino y su hijo menor de edad para presentarlos como guerrilleros abatidos en combate. (Ver: Fiscalía ratificó llamado a juicio al general (r) Torres Escalante por "falsos positivos")

El jurista aseguró que el general cumple con todos los requisitos para que su caso sea estudiado por la jurisdicción especial. “(i) estar bajo una medida de aseguramiento (ii) que esta sea en razón a la lucha antisubversiva o conflicto armado y (iii) que haya relación propia en la condición de miembro de las Fuerzas Militares. Varios fiscales y jueces han obviado ya el requisito de los 5 años de vigencia de la medida de aseguramiento”

Considera que muchos de los requisitos que exige la ley han sido cumplidos parcialmente en otros muchos casos, hecho por el cual no se le puede exigir a su procesado que cumpla al pie de la letra lo dispuesto en la jurisdicción especial pues en el caso de los guerrilleros de las Farc que han pedido que su caso pase a la JEP se han tenido en cuenta uno o dos de los requerimientos.

“De no haber sido así, el ordenamiento jurídico colombiano estaría incurriendo en un absoluto desafuero al predicar políticamente la necesidad de perdón, paz y reconciliación y jurídicamente cancelar beneficios jurídicos a miembros de las Farc-EP, al paso que caprichosamente los niega y agrava la situación de los miembros de las Fuerzas Militares que han resultados inmersas en procesos penales por múltiples situaciones que en cualquier caso guardián estrecha relación con el conflicto armado”, precisa el documentos.

De no ser avalada la petición, la defensa del oficial en retiro pide que se le otorgue una sustitución de la medida de aseguramiento, es decir detención domiciliaria. El general torre Escalante es procesado por su presunta participación y responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida. (Ver: “No fui un cabecilla de una banda de delincuentes”: general (r) Henry Torres Escalante)

El proceso contra el general

El 28 de marzo de 2016 la Fiscalía Tercera Delegada ante le Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación en contra del general Torres Escalante. Los hechos materia de investigación datan del 10 de octubre de 2005 cuando tropas del Batalón de Infantería Ramón Nanato Pérez reportaron la baja en combate de Hugo Esgar Araque Rodríguez y Roque Julio Torres Torres, menor de edad en el municipio Aguazul (Casanare) el 6 de marzo de 2007, 

Los testigos aseguraron que tanto la retención de los labriegos como su muerte hizo parte de un plan orquestado por el general Torres Escalante. En el escrito se citan 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios los que realizó la Fiscalía para asegurar que el entonces coronel Torres Escalante era quien “estaba a cargo de la preparación, ejecución y control del desarrollo de la Misión Táctica Fragmentaria No. 05 ‘Marte’”, en la que fueron asesinados Daniel Torres y su hijo.

Según la Fiscalía, las muertes de los campesinos, quienes habrían sido presentados como auxiliadores del ELN, fueron planeadas con anticipación. Supuestamente el objetivo de los militares que se vieron involucrados en el crimen, era silenciar a las víctimas, pues ambos eran testigos en dos procesos por “falsos positivos” que se estaban adelantando contra varios miembros de la Brigada bajo el mando de Torres Escalante.

En la investigación se sustenta que en la ejecución extrajudicial se presentó una división del trabajo criminal, en la que Torres Escalante habría sido clave, pues habría influido en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior. Así mismo su aporte se realizó por acción y omisión”. Según el ente investigador, Torres Escalante habría ejecutado ocho acciones y dos omisiones para lograr la muerte de Daniel y Roque Torres.

"No solo se trató de impartir órdenes", se señala en la acusación. Para la Fiscalía, Torres Escalante como comandante de la Brigada XVI fue quien “convalidó la información de inteligencia que serviría como soporte para el desarrollo de la misión táctica fragmentaria ‘05 Marte’”. Además, que habría determinado que fuera el Grupo Especial Delta 6 el que llevara a cabo la misión, a pesar de que la vereda donde se adelantó la operación no estaba en jurisdicción de ese grupo especial. Según la Fiscalía esa decisión se tomó para no levantar sospechas, pues otros grupos de la Brigada XVI ya estaban empantanados con casos de falsos positivos.

Para la Fiscalía hay dos antecedentes que supuestamente demuestran la planeación de los homicidios. El primero, un supuesto “censo” que cuatro meses antes de los hechos adelantaron 15 militares de la Brigada XVI en la vereda donde habitaban las víctimas. Y el segundo, la captura de un guerrillero del ELN de alias ‘Pastrana’, en la parcela donde habitaba Daniel Torres y su familia, tan solo doce días antes de las muertes de padre e hijo.

Además, “siete días antes del homicidio de Daniel y su hijo menor Roque Torres, en la entrevista que le hicieron al desmovilizado “Pastrana” quedó plasmado que Daniel Torres era miliciano de la cuadrilla JDS del ELN, en la vereda El Triunfo de Aguazul (Casanare)”, se lee en la acusación. Para la Fiscalía, estos señalamientos contra Daniel y Roque Torres solo fueron una forma de justificar la operación que el Grupo Especial Delta 6 hizo en su contra.

Si bien fue el mayor Carlos Alirio Buitrago Bedoya quien firmó la resolución para hacer dicha misión, dijo la Fiscalía que la orden de adelantar el operativo provino de Torres Escalante, quien por ser el comandante de la Brigada (XVI), era el único con la potestad para hacerlo. Además habría sido él quien agregó al soldado Luis Fernando Socha al grupo especial, a pesar de que él pertenecía a una unidad diferente. La razón, según la Fiscalía: el soldado había participado en la captura de alias “Pastrana” y sabía llegar a la finca de los Torres.

 

 

 

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Redacción Judicial

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