General (r) capturado tendría que ver con irregularidades en al menos 26 contratos

El general retirado Jorge Romero habría sido la cabeza de una red de corrupción dentro de la IV Brigada. De acuerdo a la Fiscalía, cobraban millonarias coimas para favorecer a unos pocos contratistas.

Redacción Judicial
09 de agosto de 2019 - 02:17 a. m.
El general (r) Jorge Horacio Romero es señalado de liderar una red de corrupción en la IV Brigada.  / Archivo particular
El general (r) Jorge Horacio Romero es señalado de liderar una red de corrupción en la IV Brigada. / Archivo particular

En poco más de un mes, el general Jorge Horacio Romero pasó de ser una de las fichas fuertes del Ejército a estar vinculado a un grave escándalo de corrupción dentro de la Brigada IV, la cual comandó entre 2015 y 2017. Romero fue capturado en la mañana de este jueves por la Fiscalía bajo los cargos de cohecho, celebración indebida de contratos, concierto para delinquir y peculado a favor de terceros y propio. Todos estos cargos fueron rechazados por el oficial que fue llamado a calificar servicios el pasado 9 de julio.

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Según la Fiscalía, señaló que desde hace un año el Ejército le informó sobre las irregularidades en unos procesos contractuales y en el trámite de unos salvoconductos mientras Romero fue comandante de la IV Brigada. Tras estas denuncias, el ente acusador encontró que el oficial retirado habría sido la cabeza de una red de corrupción que favoreció a contratistas para otorgarles millonarios contratos a cambio de coimas. De acuerdo con las pesquisas, los pliegos eran ajustados al perfil del proponente y este pagaba sumas que equivalían al 10% del valor del contrato otorgado. Cerca de 26 contratos habrían sido entregados irregularmente bajo esta modalidad

Para ajustar los pliegos, reveló la Fiscalía, enviaban una copia de estos a los contratistas antes de iniciar el proceso licitatorio y ellos los adaptaban al perfil de cada uno. Sobre los pliegos trabajados por los contratistas, se publicaba el proceso de contratación final. En muchas ocasiones, de acuerdo con la imputación, si no era favorecido el contratista que se había acordado, los procesos eran declarados desiertos por el general Romero para evitar que fueran entregados a alguien más.

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Para el ente acusador, el oficial ahora retirado no solo hacía parte de la empresa criminal sino que habría sido su gran arquitecto, ya que pidió que fueran trasladados a la IV Brigada los uniformados vinculados a este escándalo de corrupción. Así mismo, habría hecho las veces de protector de sus hombres ya que omitió hacer investigaciones contra dicha red de sobornos. Para ilustrar esta situación, la Fiscalía señaló que en 2016 ya se habrían presentado las primeras denuncias por las posibles irregularidades en la contratación, pero el general (r) decidió omitirlas. Así mismo, habría dado orden a oficiales de contrainteligencia de no investigar las presuntas anomalías en la contratación de la brigada a su cargo.

Según el ente acusador, el coronel Deiber Norberto Dueñas, jefe del estado mayor y gerente de procesos precontractuales de la IV brigada, se negó a firmar dos contratos sobre suministros para una construcción y repuestos para unos vehículos ya que su asesora jurídica le advirtió que esos procesos estaban hechos a la medida de un único proponente. Ante esta situación, el coronel Dueñas ordenó al coronel Harol

Felipe Páez Roa, quien era la cabeza del batallón de servicios de la Brigada número 4, no adjudicar las licitaciones, pero el general Romero desautorizó a su subalterno y dio la contraorden de que los contratos fueras asignados a empresas que presuntamente ya habían pagado para recibirlos.

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Una situación similar se vivió dos años atrás. La Fiscalía contó que varias inspecciones a la Brigada IV demostraron que no se estaba dando cumplimiento a las disposiciones normativas de la gestión contractual. Entre los hallazgos, se habría evidenciado que varios oficiales y contratistas se reunían para organizar los pliegos. Según el ente acusador, al general Romero le remitieron dicha denuncia en 2017, pero la habría rechazado de tajo ya que, a su consideración, las acciones no afectaban las acciones de contratación de la brigada. Bajo los mismos señalamientos, investigaciones de la Procuraduría habrían llegado a conocimiento del general en noviembre de 2017, pero, de la misma forma, el oficial a cargo de la Brigada IV aseguró que no consideraba que las acciones reportadas afectaban el deber funcional de la labor del coronel Harol Felipe Páez.

Para la Fiscalía, los contratos en los que se estarían dando los hechos irregulares son los de suministro de materiales, repuesto y mantenimiento de vehículos, catering y gasolina. En el caso de los servicios de catering, se le habría entregado cerca de 20 contratos a una misma empresa, pero esta no habría cumplido con varios de ellos. Incluso, el general Jorge Romero le habría ordenado a sus subalternos que sacaran dinero del funcionamiento diario de cada uno de los batallones para contratar servicios de alimentación por fuera de los ya adquiridos.

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Frente a las irregularidades en el suministro de gasolina, la Fiscalía señaló que dos oficiales le informaron a Romero que militares estaban robando la gasolina de los vehículos de la brigada, incluso le habrían mostrado fotos, facturas y otras pruebas del presunto ilícito. “A pesar de todos los formatos que le mostraron, usted omitió cualquier tipo de medida disciplinaria o penal. Usted ni siquiera le informó a la Fiscalía General de la Nación sobre esa novedad. Por el contrario, lo que usted hizo fue ordenar al oficial de contrainteligencia -uno de los denunciantes- que no continuara con su labor”, aseguró la fiscal del caso, quien agregó que dicho denunciante habría sido transferido a otra dependencia como represalia por sus acciones. 

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Por este caso, ya fueron judicializados cuatro militares en servicio activo, dos uniformados en retiro y tres contratistas. Uno de ellos es el coronel Harol Felipe Páez Roa, a quien un juez en Medellín le decretó medida de aseguramiento mientras se llevan a cabo las investigaciones. Este sería una de las piezas claves en este entramado de corrupción, que, incluso, el general (r) Jorge Horacio Romero habría usado como caja menor para financiar unas vacaciones que hizo a Brasil con su familia.

Por Redacción Judicial

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